Arturo Castillo denuncia que el 80% de las candidaturas ganadoras coinciden con los instructivos distribuidos a votantes
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, propuso este domingo al Consejo General no declarar la validez de la elección judicial de 2025, debido a la masiva circulación de los llamados ‘acordeones’, materiales que instruían a la ciudadanía sobre cómo votar por candidaturas afines a Morena. Según el consejero, el 80% de las personas ganadoras en cargos clave coinciden con los nombres incluidos en estos instructivos.
Durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Castillo afirmó que 22 de las 28 candidaturas involucradas se deslindaron públicamente de los instructivos. Por lo tanto, argumentó, se presume que dichos materiales fueron financiados por terceros, lo cual está prohibido por la ley electoral.
Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar: los acordeones. Se distribuyeron al menos 37 modelos diferentes en 15 estados y algunos a nivel nacional. El 80% de las candidaturas ganadoras en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior coinciden con esos nombres. En las Salas Regionales, la cifra asciende al 85%, señaló el consejero.
AFIRMA QUE NO ES LO MISMO QUE ANULAR
Castillo precisó que su propuesta no implica declarar inválida la elección, sino simplemente no declararla válida por existir indicios de inequidad en la contienda.
Estoy consciente de que los indicios no constituyen prueba plena y que el INE no tiene facultades para declarar la nulidad. Pero no podemos ser omisos, advirtió.
Su propuesta abarca no validar los resultados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la Sala Superior y las Salas Regionales, con excepción de la Sala Toluca. Aun así, propuso entregar constancias de mayoría y dar vista a las autoridades competentes para que determinen lo conducente.
Además de cuestionar la equidad en la elección, el consejero advirtió que la falta de recursos para la organización y fiscalización del proceso, así como una legislación incompleta y restrictiva, contribuyeron a generar incertidumbre entre la ciudadanía.
