Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la renuncia de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En su lugar llega Félix Arturo Medina Padilla, ex procurador fiscal de la SHCP.
En conferencia matutina dijo López Obrador que Alejandro Encinas deja el gobierno federal para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.
“Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y ya también he nombrado al sustituto”
El presidente contó a los medios que hoy en la su última en la reunión de seguridad “lo despedimos con un aplauso Alejandro Encinas y ya estuvo el abogado y maestro Arturo Medina en la reunión de gabinete de seguridad”
“Sí y le agradecemos mucho todo su apoyo, él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y yo también he nombrado al sustituto, también les traigo información porque a lo mejor después los aburro yo de tantas cosas”
LA PREGUNTA INCÓMODA
En la misma conferencia le cuestionaron al presidente si la salida de Alejandro Encina era quitarlo de la investigación de Ayotzinapa.
“Nada, absolutamente nada, no hay, se los dije a los del GIEI, no hay ningún gobierno en el mundo que un caso como este lo haya llevado a tener en la cárcel a un procurador, a altos funcionarios y a dos generales y a mandos del Ejército porque no permitimos la impunidad, por eso no han podido con nosotros porque tenemos autoridad moral. Si no ya nos hubiesen destruido, si andan enojadísimos”
EL RELEVO DE ENCINAS
Cabe destacar que Félix Arturo Medina Padilla se desempeñaba como el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) desde diciembre del 2021.
Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como jefe delegacional en Tláhuac; en la misma demarcación fue director general Jurídico y de Gobierno y de Participación Ciudadana.
Hace dos días, Medina Padilla durante su ratificación en la Cámara de Diputado informó que hay 10 casos en litigio por algún delito en contra de la Hacienda Pública, con lo cual suman 64,000 millones de pesos, lo cuales no se han podido cobrar porque están impugnados en tribunales federales.
