Cofece investiga exclusividades ilegales de proveedores de servicios de pagos

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha iniciado una investigación sobre posibles exclusividades ilegales por parte de empresas proveedoras de servicios de pagos, depósitos y retiros en efectivo en tiendas.

 

Esta situación afecta a la población que realiza transacciones, el regulador no ha revelado las firmas involucradas, pero se trata de los principales intermediarios financieros que facilitan transacciones entre comercios e instituciones bancarias.

 

Cofece explicó que cuando una empresa dominante en el mercado de servicios financieros establece exclusividades, obliga a sus comercializadores a ofrecer o adquirir únicamente sus productos o servicios. Estas condiciones limitan la participación de otros competidores, reduciendo las opciones para los consumidores y dejándolos cautivos a los precios de la firma con exclusividad.

 

La Comisión, cuya continuidad será discutida por el Congreso de la Unión, destacó que este tema es crucial para permitir que la población en México pague bienes y servicios o disponga de efectivo, incluso sin una cuenta bancaria. Si se confirma una conducta anticompetitiva, las empresas responsables podrían ser multadas hasta con el 8% de sus ingresos anuales, y los directivos involucrados podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados.

 

El efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en México, una tendencia que se mantendrá hasta 2027. Según datos del Banco de México, el 19% de los mexicanos solo tiene acceso al efectivo como forma de pago. Por ello, es crucial que quienes no tienen acceso a servicios financieros tradicionales tengan varias opciones para realizar pagos, depósitos y retiros en establecimientos comerciales.

 

Cofece señaló que la competencia en estos servicios fomenta la inclusión financiera y beneficia a las personas, ya que las instituciones financieras ofrecen mejores productos y servicios con mayor transparencia y a menores costos. El organismo reiteró su compromiso de sancionar e inhibir prácticas que atentan contra el bienestar de la población, asegurando que las conductas anticompetitivas no queden impunes.

 

 

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