El gobernador Alejandro Armenta calificó como un acto de “cinismo descarado” que dirigentes de partidos de oposición descalifiquen las acciones de su gobierno, cuando —afirmó— en sus administraciones prevalecieron la permisividad, el saqueo y el abuso de poder en el estado.
Armenta subrayó que su administración trabaja de manera permanente para restablecer el orden frente a los excesos heredados de gobiernos neoliberales que, dijo, aprovecharon el caos y un modelo privatizador para beneficiar intereses particulares. En ese contexto, aclaró que el Gobierno del Estado no persigue a nadie, pero tampoco es omiso. “Poner orden no significa atropellar derechos”, puntualizó.
El mandatario cuestionó proyectos emblemáticos del pasado y sostuvo que “Puebla no necesitaba un museo de 14 mil millones de pesos para demostrar que es de primer mundo”. En la misma línea, calificó de inmoral la deuda de 4 mil 300 millones de pesos que se arrastra hasta 2037 por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.
NEGOCIACIÓN Y POSIBLE VÍA LEGAL
Armenta afirmó que los recursos comprometidos por esa deuda podrían destinarse a obra pública, seguridad y educación en beneficio de la población. Indicó que actualmente su gobierno negocia con empresarios para alcanzar un acuerdo y advirtió que, de ser necesario, se recurriría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para finiquitar el adeudo.
Combate a la corrupción y a la inseguridad
Finalmente, el gobernador sostuvo que es deber del gobierno recuperar el orden perdido, tras años en los que —dijo— “dejaron hacer, dejaron pasar y permitieron el saqueo del Estado”. Por ello, destacó que el Gobierno de Puebla enfrenta la inseguridad generada por grupos delictivos y “cadenas de corrupción” que, en algunos casos, operan con complicidades municipales.
