Ecuador enfrenta una crisis humanitaria en sus prisiones por la suspensión del suministro de alimentos lo que ha generado alarma por parte del Comité de Derechos Humanos.
Ecuador enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes en su sistema penitenciario. La suspensión del servicio de comidas en sus prisiones ha dejado a 12,500 reclusos sin acceso a alimentación básica, desatando una ola de preocupación entre organismos de derechos humanos y familiares de los afectados.
LAFATTORIA YA NO PROVEERA ALIMENTOS A LAS CÁRCELES
Las cárceles de Guayaquil contarán con el servicio de alimentación de Lafattoría S.A. hasta el 31 de mayo. La compañía dejará de prestar este servicio debido a la falta de pago por parte del Estado#carcel #alimentos
B.A.J.G. pic.twitter.com/E9lNzPiOHj— Noticias en Desarrollo (@ned_noticias) May 31, 2024
La Fattoria, la empresa encargada de proveer los alimentos, ha cesado operaciones, intensificando las ya tensas condiciones dentro de las instalaciones carcelarias. Este cese de servicios se produce en medio de acusaciones de corrupción y presuntos lazos con organizaciones criminales, lo que ha llevado a un conflicto abierto con el gobierno ecuatoriano.
La situación es crítica en la cárcel de Latacunga, donde los intentos de los familiares por proveer donaciones de comida apenas logran mitigar la escasez. La Defensoría del Pueblo ha expresado su alarma, señalando la posibilidad de que se estén violando los derechos fundamentales de los internos.
Desde el 17 de mayo, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha emitido declaraciones, a pesar de estar en proceso de negociación para un nuevo contrato de suministro de alimentos. Mientras tanto, la sobrepoblación carcelaria, que alcanza un 15%, solo agrava la crisis.
El Comité de Derechos Humanos ha pedido al gobierno a asegurar la provisión de alimentos y a prevenir el riesgo de una suspensión prolongada que podría exacerbar la ya tensa disputa entre bandas dentro de las prisiones.
EL CONFLICTO POR SUPUESTA CORRUPCIÓN
Con más de una década como principal proveedor de alimentos en las prisiones de Ecuador, La Fattoria se encuentra en el centro de una polémica por supuesta corrupción. A pesar de los contratos millonarios y su papel crucial en la nutrición carcelaria, la empresa ha suspendido sus servicios, demandando al gobierno el pago de una deuda de 10 millones de dólares por servicios prestados.
El gobierno, por su parte, acusa a La Fattoria de corrupción y nexos con el crimen organizado, aunque aún no ha presentado pruebas concretas. La Fattoria niega las acusaciones, calificándolas de infundadas y exigiendo el pago adeudado.
La crisis continúa, y la tensión se incrementa mientras los reclusos y sus familias aguardan una solución que garantice sus derechos más básicos.
