Canal Once informó que el pasado 2 de agosto recuperó de manera pacífica el control de sus instalaciones, las cuales permanecían ocupadas desde el 21 de mayo por integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
A través de un comunicado, la televisora pública señaló que durante el periodo de ocupación privilegió el diálogo como mecanismo para lograr la recuperación del inmueble, evitando confrontaciones y manteniendo comunicación con los representantes del movimiento.
Canal Once destacó que, a pesar de las restricciones operativas derivadas de la ocupación, logró mantener sus transmisiones gracias al trabajo de su personal y al apoyo de diversas instituciones públicas.
La emisora reconoció el esfuerzo de trabajadores técnicos, administrativos y de producción, quienes permitieron la continuidad de la señal durante más de dos meses.
REANUDACIÓN GRADUAL DE ACTIVIDADES
La televisora informó que el restablecimiento de las actividades en sus instalaciones se realizará de manera gradual. Además, anunció que en los próximos días llevará a cabo una evaluación técnica para determinar el estado de la infraestructura, los bienes y el acervo audiovisual.
El diagnóstico permitirá conocer posibles afectaciones y definir las acciones necesarias para la recuperación total del inmueble.
Continúan mesas de trabajo con la comunidad politécnica
Canal Once precisó que la recuperación de las instalaciones no modifica las mesas de trabajo institucionales establecidas para atender las demandas de la comunidad del IPN.
La institución reiteró que los canales de diálogo permanecerán abiertos para dar seguimiento a los acuerdos y planteamientos presentados por estudiantes y docentes.
ORIGEN DEL CONFLICTO
La ocupación comenzó el 21 de mayo, cuando estudiantes y profesores del IPN tomaron las instalaciones para exigir atención a diversas problemáticas. Entre sus demandas señalaron deficiencias en la infraestructura de los planteles, falta de insumos para laboratorios y personal docente, presuntos desvíos de recursos y una mayor transparencia institucional tras la denuncia de una agresión contra un estudiante.
El movimiento se mantuvo durante más de dos meses y derivó en negociaciones entre representantes de la comunidad politécnica y autoridades educativas y administrativas.
