Las protestas de la Jornada Nacional de Lucha Campesina se llevarán a cabo del 7 al 10 de abril en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir la protección de los derechos de los campesinos en áreas clave como alimentación, productividad, empleo, salud, educación y seguridad.
Cerca de 5,000 ejidatarios y campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) tomarán las principales vialidades de la Ciudad de México para demandar que el gobierno federal respete los derechos del Movimiento Campesino y de diversas organizaciones sociales.
De acuerdo con el dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, las protestas son una respuesta a la exclusión y falta de diálogo con el gobierno, las manifestaciones comenzaron este lunes 7 de abril, con marchas simultáneas en los siguientes puntos:
- Cuernavaca, Morelos
- Toluca, Estado de México
- Caseta de San Marcos, Puebla-CDMX
- Caseta de Tepotzotlán, Querétaro-CDMX
Los diferentes contingentes llegarán a la Ciudad de México desde entidades como Tabasco, Guerrero, Puebla, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas, entre otros.
EXIGENCIAS DE LA UNTA
Durante los cuatro días de protestas, los campesinos exigirán soluciones a temas críticos, como el derecho al agua, acceso a servicios de salud, seguridad en las comunidades rurales y programas de apoyo reales para mejorar la productividad agrícola. Además, se instalarán campamentos de protesta frente a varias dependencias del gobierno en la Ciudad de México.
Álvaro López Ríos subrayó la falta de apoyo para el sector agrícola, señalando la ausencia de créditos, seguros y garantías que aseguren la estabilidad de los precios. Mencionó también que la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo ha dejado un vacío económico en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
La Sader ha sufrido un recorte del 71.7% en su presupuesto, lo que ha afectado a programas clave como fertilizantes, precios de garantía y Producción para el Bienestar, con una reducción de 26.1 mil millones de pesos.
A la crisis estructural del sector agropecuario se suma la amenaza de una sequía que podría tener efectos dramáticos sobre las cosechas de trigo y maíz, dos de los productos más importantes para la seguridad alimentaria del país.
