El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, emitió una resolución donde se protege a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra acusaciones penales o administrativas vinculadas con la realización de la consulta de revocación de mandato.
En una notificación publicada en los estados electrónicos de la Corte, el ministro informó la modificación a la suspensión que se había decretado el pasado 10 de diciembre de 2021 a solicitud del Consejo General del instituto.
Declaró que la modificación es para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato “de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.
En , que se ordena al INE organice la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos que dijo tener disponibles, esto limitará el número de casillas a instalarse a menos de la mitad de las 161 mil que ordena la ley federal de revocación de mandato.
Por su parte, el ministro González Alcántara Carrancá expuso que ello es así “para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.
Esta decisión se tomó posteriormente de que la Secretaría de Hacienda negó la ampliación presupuestal de mil 730 millones de pesos que solicitó el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Con información de El Financiero
