Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz han reafirmado su compromiso con la ciudadanía, anunciando que continuarán trabajando de manera remota para atender sus pendientes.
Estas ministras han expresado su oposición a las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ayer, los empleados de la SCJN votaron en una reunión celebrada en el área de murales del Tribunal Constitucional, para unirse al paro que afecta al Poder Judicial de la Federación desde el 20 de agosto.
La ministra Lenia Batres criticó que los intereses económicos de los funcionarios judiciales se prioricen sobre el derecho humano al acceso a la justicia, argumentando que el paro, apoyado solo por algunos jueces y magistrados, ha sido una decisión que descuida el interés general:
“Los plenos del CJF y la SCJN han mostrado desinterés en garantizar el derecho humano al acceso a la justicia, priorizando las preocupaciones económicas de jueces y magistrados sobre el bienestar general de los mexicanos”.
Batres, Esquivel y Ortiz se oponen a la suspensión de labores en la SCJN y han emitido un comunicado en el que expresan su desacuerdo con el paro, proponiendo alternativas para evitar perjuicios en los más de 440,000 juicios federales pendientes.
En su declaración, subrayaron:
“Nos manifestamos enérgicamente contra la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional como ministras continuar prestando el servicio público de impartición de justicia”.
Destacaron que la principal tarea de la SCJN y sus ministros es garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos:
“La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Todos los servidores públicos que la integramos tenemos la responsabilidad y obligación de garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos.”
Las ministras anunciaron que continuarán con sus funciones a distancia para atender una lista de 28 proyectos distribuidos en las salas.
Además, advirtieron que, conforme al Artículo 109, fracción I de la Constitución, el paro de labores podría llevar a juicios políticos y a la destitución de los ministros responsables de actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o su buen despacho.
Indicaron que los ministros que respaldan el paro en la Suprema Corte podrían enfrentar sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 215 y 217 del Código Penal Federal.
