Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Senado aprobó en comisiones una reforma al artículo 19 Constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Entre los nuevos ilícitos se encuentran la extorsión, la distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y el contrabando, además de actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
La propuesta, avalada por 22 votos a favor y 10 en contra, generó un intenso debate en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
La oposición, encabezada por senadores del PAN y el PRI, criticó la medida argumentando que vulnera derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia.
Según el panista Ricardo Anaya Cortés, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han señalado que esta práctica representa una violación a las garantías individuales.
DEFENSA DESDE MORENA
El senador morenista Saúl Monreal defendió la iniciativa, asegurando que no se trata de un castigo anticipado ni de una herramienta para encarcelar injustamente a inocentes, sino de un mecanismo para combatir delitos graves y garantizar que los acusados se presenten durante el proceso penal.
En el dictamen se argumentó que, aunque se busca respetar los criterios de la CIDH, la reforma responde a la necesidad de restringir la libertad en casos considerados graves por su impacto en la sociedad.
En la reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aprobamos el proyecto de decreto para reformar la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. 1/1 pic.twitter.com/mtefqwKu1F
— Alejandro Murat (@alejandromurat) November 27, 2024
CONTEXTO Y AJUSTES
La reforma deriva de una iniciativa presentada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, donde se eliminó el narcomenudeo y la defraudación fiscal del listado de delitos que implican prisión preventiva automática.
La senadora del PRI Claudia Anaya advirtió que cada modificación al artículo 19 ha traído consecuencias negativas. Según la legisladora, al limitar la capacidad de interpretación de los jueces, se corre el riesgo de una aplicación excesiva de la prisión preventiva oficiosa, lo que podría traducirse en abusos contra personas inocentes o casos con pruebas insuficientes.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS DELITOS
Por su parte, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Alfonso Silva Romo, respaldó la inclusión de nuevos delitos, argumentando que responden a problemáticas urgentes.
Afirmó que la extorsión afecta directamente a las familias mexicanas, el tráfico de fentanilo pone en peligro la salud pública y el contrabando de comprobantes fiscales afecta la administración pública.
La reforma aún deberá pasar por el Pleno del Senado para su votación definitiva. Su aprobación marcaría un nuevo capítulo en el debate sobre el balance entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos.
