Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó haberse entregado a autoridades de Estados Unidos y aseguró que permanecerá en México, en medio de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
A través de un video difundido en redes sociales, Almanza Avilés desmintió las versiones que señalaban que se encontraba bajo custodia de autoridades estadounidenses. Desde Culiacán, afirmó que ha sido objeto de información falsa y reiteró que no tiene intención de comparecer ante la justicia de ese país.
En el mensaje, grabado aparentemente en el Jardín Botánico de Culiacán, el exmando policial aseguró que mantiene firme la postura que expresó previamente ante medios de comunicación.
“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. El día martes rendí una declaración ante medios de comunicación, con las cuales sigo firme”, expresó Almanza.
ACUDE ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
De manera paralela, el exfuncionario acudió esta semana a rendir declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones que la autoridad federal mantiene abiertas contra exfuncionarios y mandos de seguridad de Sinaloa.
Dichas indagatorias buscan esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con presuntos nexos entre servidores públicos y organizaciones criminales que operan en la entidad.
Enfrenta acusaciones en Estados Unidos
De acuerdo con acusaciones presentadas por el gobierno estadounidense, Almanza Avilés enfrenta señalamientos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer armas de alto poder y dispositivos destructivos.
En caso de una eventual sentencia condenatoria en Estados Unidos, podría enfrentar penas que van de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
La postura pública de Antonio Almanza ocurre en un contexto de creciente atención sobre las investigaciones contra exmandos de seguridad en Sinaloa.
Mientras tanto, las autoridades federales continúan recabando información para determinar si existen responsabilidades de exfuncionarios en presuntos vínculos con grupos delictivos.
