El presidente AMLO ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitiría a funcionarios de organismos autónomos o desconcentrados, como el Banco de México (Banxico), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), portar armas para desempeñar funciones de seguridad.
La propuesta, enviada a la Cámara de Diputados el pasado miércoles 18 de septiembre, a pocos días del cierre de su mandato, busca modificar el artículo 24 de la ley mencionada.
La reforma permitiría a integrantes de «organismos que por sus funciones de carácter público justifiquen su necesidad» portar armas de fuego.
Con esta adición, empleados de entidades como Banxico, SAT, la Casa de Moneda de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como Pemex y CFE, podrían armarse con el fin de cumplir con tareas de seguridad.
«En México, es fundamental garantizar la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública. Por ello, se propone que integrantes de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, puedan portar armas de fuego para funciones de seguridad», se lee en la exposición de motivos.
Asimismo, la iniciativa plantea la creación de una nueva licencia de portación de armas, denominada “Licencia Oficial Colectiva”, destinada a las instituciones públicas mencionadas en el artículo 24.
Estas licencias, que deberán ser aprobadas previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tendrían una vigencia de dos años y requerirían la emisión de credenciales foliadas para el personal autorizado.
Además, el artículo 29 de la propuesta señala que los titulares de estas licencias colectivas deberán informar periódicamente a la Sedena y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el estado y uso de las armas, así como proporcionar los datos del personal autorizado para portarlas.
Los funcionarios con estas licencias deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la ley, que incluyen llevar una vida honesta, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, no tener impedimentos físicos o mentales, no haber sido condenados por delitos con armas, y no consumir sustancias prohibidas.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde se analizará y dictaminará antes de pasar al pleno.
Dado que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría necesaria en ambas cámaras, se prevé que la propuesta pueda ser aprobada sin dificultades.
