El alcalde de Newark, New Jersey, Ras Baraka, ha denunciado una redada antiinmigración realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes irrumpieron en un negocio local sin una orden judicial.
Este incidente ocurrió días después de que el presidente Donald Trump firmara decretos para frenar la entrada de inmigrantes y prometiera nuevas deportaciones masivas.
Según Baraka, los agentes allanaron un negocio de mariscos en Newark, arrestando a residentes indocumentados y ciudadanos estadounidenses, incluidos un veterano del ejército. El alcalde destacó que estos arrestos no cumplían con los criterios establecidos por Trump, que solo perseguiría a inmigrantes con antecedentes criminales.
Baraka calificó la operación del ICE como una violación de la Constitución y subrayó que no se presentó ninguna orden judicial para llevar a cabo las detenciones.
Donald Trump’s ICE raids have are already crossed the line, as expected. According to Mayor Ras J. Baraka of Newark, NJ, ICE Agents have rounded un both non-citizens AND citizens, including a U.S. Military Veteran.
THIS NEEDS TO BE A HUGE STORY. pic.twitter.com/rqqNwlMebg
— Really American (@ReallyAmerican1) January 24, 2025
REDADAS SIN ORDEN JUDICIAL
Amy Torres, directora de la Alianza de Nueva Jersey por la Justicia de los Inmigrantes, comparó la redada con una escena de película de acción. Los agentes, fuertemente armados, bloquearon entradas y salidas y revisaron el lugar sin anunciarse previamente. Además, no presentaron ninguna orden judicial, lo que generó un gran miedo entre los residentes.
Torres resaltó que esta situación crea un ambiente de miedo constante para los inmigrantes, que temen ser detenidos en cualquier momento, incluso por razones triviales.
Organizaciones como la ACLU han emitido pautas para inmigrantes indocumentados, recomendando no abrir la puerta sin una orden judicial y guardar silencio hasta contar con un abogado. Estas medidas buscan proteger los derechos de los inmigrantes ante un clima de creciente represión.
La denuncia de Baraka y la preocupación de activistas subrayan la necesidad de una reforma migratoria que respete los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.
