Un ex investigador de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos está acusado de traficar armamento a México mientras era empleado de la oficina en 2017, según una carta enviada al director de la dependencia esta semana por el senador estadounidense Charles Grassley.
José Luis Meneses, un ciudadano mexicano que trabajó como investigador en el consulado de Estados Unidos en Tijuana, admitió haber comprado en línea piezas de armas de fuego, así como en una tienda de California y traficarlas con fines de lucro, según la carta y un memorando de entonces de la agencia
El caso no fue reportado anteriormente.
El tráfico de armas estadounidenses hacia el sur en la frontera es un tema diplomático de primer nivel en México.
Funcionarios acusan a sus homólogos estadounidenses de no hacer lo suficiente para detener el flujo ilegal de arsenales, que, según dicen, ayuda a dotar a los cárteles de la droga y contribuyen a la alta tasa de homicidios del país.
Según la ATF, casi 70 por ciento del armamento rastreado e incautado proviene de Estados Unidos.
La carta de Charles Grassley fechada el 18 de octubre, que cita el memorando de la ATF de 2017 y la información descrita como “divulgaciones de un informante”, acusó a la agencia de no realizar una investigación completa sobre el asunto.
“Si estas divulgaciones protegidas son verdaderas y precisas, ilustran una falla por parte de la ATF a la hora de responsabilizar a sus empleados por conducta criminal inapropiada”, según la misiva
LA INVESTIGACIÓN
La carta también generó dudas sobre cuánta información dieron los funcionarios estadounidenses a sus homólogos mexicanos sobre las acusaciones de tráfico de armas por parte de Meneses, lo que avivaría las tensiones entre ambos países.
Un diplomático mexicano de alto nivel declaró que se pedirá una investigación.
“Exigiremos se llegue al fondo para llevar a los responsables ante la justicia y que jamás se repitan estas acciones”
La ATF confirmó que recibió la carta y que investiga las acusaciones y toma las medidas apropiadas, negándose a discutir detalles.
Un funcionario de la administración estadounidense señaló que eso es lo que sucedió en este caso.
“La embajada descubrió actividad sospechosa, le revocó el acceso al recinto en un día, hizo una investigación y lo despidió en un mes. Es terrible que haya sucedido”, informó. El gobierno “no tolera ese comportamiento”
La investigación interna sobre Meneses inició cuando un vendedor de repuestos para armas llamó al consulado de Estados Unidos en Tijuana para reportar compras sospechosas, según la carta de Grassley.
ATF NO DA NOTIFICACIÓN A MÉXICO
La pista llevó a funcionarios de ese país a interrogar a Meneses, quien admitió haber comprado piezas en Estados Unidos, haberlas traficado a México y entregárselas a su hermano, un agente policial, y a un ex soldado mexicano.
Los agentes de la agencia en San Diego luego registraron el apartado de correos que Meneses dijo que usaba para las compras, donde encontraron piezas de rifle de asalto y cargadores de alta capacidad.
Utilizó un vehículo con placas diplomáticas para no ser registrado en la frontera mientras traficaba las armas, según la carta. En total, él dijo que compró suficientes piezas para ensamblar ocho rifles AR-15.
Meneses fue puesto en licencia administrativa y luego despedido en abril de 2017, según el memorando.
En la carta, Grassley acusó a la agencia de tratar las acusaciones de tráfico de armas como un “asunto administrativo” y cuestionó si la ATF investigó posibles vínculos entre Meneses o sus asociados y los cárteles mexicanos.
El memorando de la ATF es un resumen detallado del caso de Meneses preparado por un funcionario de alto nivel de la agencia en México en ese momento y dirigido al entonces jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
El 9 de mayo de 2017, el funcionario de la agencia envió un correo electrónico a un empleado de alto nivel del Departamento de Estado en México diciendo que “la ATF no hará ninguna notificación al GOM (gobierno de México)”.
Las actividades de la ATF en México han generado controversia.
De 2009 a 2011 un esquema de la agencia conocido como “Rápido y Furioso” se propuso frustrar el tráfico de armas entre ambos países al permitir que personas compraran armas ilegalmente y las llevaran a México para que fueran rastreadas y conducir a los agentes hasta los líderes de los cárteles de la droga.
