La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio envuelta este miércoles en una polémica situación durante la revisión del recurso interpuesto por el empresario Ricardo Salinas Pliego. El dueño de Grupo Salinas había solicitado que la ministra Lenia Batres Guadarrama fuera declarada impedida para participar en la resolución de un amparo, presentado por él mismo, contra ciertas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La solicitud de impedimento, registrada bajo el número 45/2025, fue aprobada por unanimidad con los votos de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Este último, perteneciente a la Primera Sala, fue llamado para participar en la votación debido a la imposibilidad de la ministra Batres de intervenir en el asunto.
La decisión de la Sala obligó a la ministra Batres, a abandonar la sesión en señal de protesta
La decisión de la Sala obligó a la ministra Batres, a abandonar la sesión en señal de protesta. En su cuenta de X, la también conocida como ministra del pueblo, publicó un mensaje en el que denunciaba la «abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación» y acusaba a sus compañeros de someterse a los «intereses ilegítimos de los poderes fácticos».
“Este miércoles me retiré de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte, ante la intención de sus integrantes de declararse impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego. Me retiré ante la abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, publicó la ministra Batres en su cuenta de X.
El amparo en revisión 492/2023, cuya ponencia estaba a cargo de la ministra Batres, giraba en torno a la impugnación de una solicitud de información emitida por la UIF al empresario, la cual se enmarcaba dentro de las excepciones reguladas al secreto bancario y bursátil.
El proyecto de resolución elaborado por Batres proponía revocar la sentencia del juez que había amparado a Salinas Pliego y, en consecuencia, sobreseer la demanda, lo que suponía dar la razón a la UIF.
La salida de la ministra Batres de la sesión tuvo consecuencias directas en el desarrollo de la misma, ya que la falta de quórum obligó a la Sala a interrumpir sus trabajos.
La polémica suscitada por este caso pone de manifiesto la tensión existente entre algunos miembros del máximo órgano jurisdiccional del país y la trascendencia de las decisiones que se toman en su seno.
El comunicado anunciado por la ministra Batres, en el que se compromete a explicar con detalle las irregularidades cometidas y las razones que la llevan a denunciar un acto de «sometimiento y complicidad» por parte de algunos de sus compañeros, se espera con gran expectación y podría tener importantes repercusiones en el seno de la Suprema Corte y en la opinión pública nacional.
El caso Salinas Pliego y la controversia generada en torno a la valiente actuación de la ministra Batres evidencian la complejidad de las relaciones entre el poder judicial y los poderes fácticos en el país, así como la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones, condición que es la esencia de la reforma al poder judicial que dio pie a la próxima elección de jueces, juezas, ministras, ministros y magistrados a realizarse el próximo 1 de junio.
La ciudadanía espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe con transparencia y apego a la ley, resolviendo los casos que se le presentan con base en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, sin ceder a presiones externas ni a los intereses particulares.
