Por Fadlala Akabani Hneide *
X: @FadlalaAkabani
A raíz del anuncio del Presidente de México de que su sexenio cerrará con un importante paquete de reformas constitucionales que serán presentadas ante el Poder Ejecutivo el 5 de febrero de 2024, en el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, el paquete, que comprenderá hasta diez reformas en materia laboral, de pensiones, político-electoral, al Poder Judicial, de austeridad y bienestar, busca renovar el marco jurídico del Estado mexicano acorde a los nuevos tiempos y en favor del país y del pueblo de México.
Así como en los albores del siglo XX, la prensa conservadora, afín al régimen porfirista, tachó al proceso revolucionario de una revuelta de bandidos alborotando a un pueblo pobre y hambriento, y a la Constitución (1917) de aislacionista, proteccionista, indigenista y hasta socialista; actualmente, la prensa del viejo régimen se ha opuesto a las reformas constitucionales propuestas por López Obrador y conquistadas por la 4T en su conjunto, mal informando y tergiversando la realidad para defender los intereses de oligarcas, así como de los burócratas que mantienen o mantuvieron hasta 2018 el statu quo neoliberal.
Sin lugar a dudas, una de las reformas anticipadas por López Obrador en sus primeras conferencias matutinas de 2024 que mayor escozor causa en la oligarquía y sus medios panfleteros es la propuesta en materia de pensiones de retiro. Sin embargo, no se analiza por qué esta ley es injusta, ni mucho menos se recurre a la secuencia histórica de eventos que puso en desventaja a quienes se incorporaron al mercado laboral a partir de 1997, pues desde entonces estas personas sólo pueden aspirar a retirarse con una pensión del 50% de lo que fue su salario.
Revisemos entonces, era 1995, los brillantes economistas neoliberales Carlos Salinas y Ernesto Zedillo —ambos doctorados en las prestigiosas universidades norteamericanas Harvard y Yale— llevaron al peso mexicano a sufrir una devaluación estrepitosa a finales de 1994 y la consecuente crisis económica de la que ambos se culparon mutuamente; en pleno descontento social, Zedillo propuso al Congreso de la Unión la infame reforma a la Ley del Seguro Social de 1997: el centro del atraco consistió en que el manejo de los recursos generados por los trabajadores pasó del gobierno de México a la especulación de privados bajo el esquema de las afores; en pocas palabras, la privatización de un sistema que dignificaba una vida de trabajo por uno que trasladó este beneficio a privados de naturaleza más especulativa que empresarial.
Como cualquier proceso político, el neoliberalismo no fue obra de un solo hombre y, para rematar la faena de dilapidar los derechos de los trabajadores, aún faltaba hacer lo propio con los trabajadores al servicio del Estado; por ello, en 2007 y siguiendo el modelo zedillista, Felipe Calderón reformó la Ley del ISSSTE y, aquí, el atraco fue por partida doble, pues no sólo representó la pérdida de certidumbre para el retiro de jóvenes trabajadores, sino que, además, incrementó la presión presupuestaria en el sistema de pensiones —que aún administra el gobierno de México—, al perder el control y capacidad de inversión de los recursos aportados.
Actualmente, el 71% de los trabajadores formales enfrenta un escenario de incertidumbre para su retiro y hasta 1.7 millones de ellos han accedido a recursos de su afore por un monto de 27 mil 258 millones de pesos.
El objetivo de la reforma en materia de pensiones es muy sencillo: Todo aquel que se jubile debe recibir una pensión digna, pues eso no está pasando con las leyes aún vigentes, que, como ya revisamos, son de origen neoliberal.
Ya la comentocracia del viejo régimen anticipa el fracaso del paquete de reformas, puesto que morena y aliados no cuentan con la (muchas veces mal citada) mayoría calificada; cabe tener en cuenta que, en su momento, ni Zedillo ni Calderón contaban con la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de la votación en alguna de ambas cámaras del Congreso de la Unión); sin embargo, el PRIAN se constituía como mayoría artificial en contra del interés público y nacional. En contraste, la batalla de la 4T será por construir una mayoría legislativa en favor del pueblo trabajador.
Otra de las reformas, incluida en el paquete, que conviene valorar es la propuesta para transformar de raíz al Poder Judicial. No podemos tolerar una estructura cuya responsabilidad es la de velar por el cumplimiento de la Constitución y que, en su conjunto, se niegue sistemáticamente a acatar el mandato constitucional del artículo 127, que establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración superior a la del Presidente de la República y, además, use su poder para solapar el mismo desacato constitucional de organismos como el Inai y el IFT.
Este importantísimo espacio del poder público nacional necesita renovarse y el mejor método posible para ello parece ser la democratización del mismo, es decir, la elección popular de jueces, ministros y magistrados.
En general, podemos decir que el espíritu de las reformas constitucionales propuestas por AMLO va más allá de imprimir la visión ideológica de un grupo de poder en la política pública como una revancha visceral; se trata, en realidad, de la oportunidad de sentar las bases para un nuevo acuerdo político entre gobierno y pueblo, uno que, sin grandes complejidades, entrañe simplemente el reconocimiento de que el Estado mexicano está para velar por el mejor interés del país y de su pueblo.
*Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
