El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado en secreto una orden que autoriza al Pentágono a llevar a cabo acciones militares directas contra cárteles de la droga, según reveló el diario The New York Times (NYT).
De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, la orden proporciona una base oficial para que fuerzas militares estadounidenses actúen tanto en el mar como en territorio extranjero. Esta medida se enmarca en la decisión de la administración Trump de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
El NYT reporta que oficiales militares ya han comenzado a desarrollar opciones para llevar a cabo estas operaciones. No obstante, la decisión plantea serias implicaciones legales y constitucionales.
Entre las interrogantes está si las muertes de presuntos delincuentes —que no representen una amenaza inminente— podrían ser calificadas como asesinato al no tratarse de un conflicto armado autorizado por el Congreso estadounidense.
LA DEFENSA DE LA CASA BLANCA Y EL SILENCIO DEL PENTÁGONO
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, justificó la medida asegurando que la prioridad de Trump fue siempre proteger a la patria, lo que lo llevó a tomar la “audaz decisión” de clasificar a diversos cárteles como grupos terroristas.
Por su parte, el Departamento de Defensa declinó hacer comentarios sobre la supuesta nueva directiva.
En febrero pasado, el Departamento de Estado estadounidense designó como organizaciones terroristas extranjeras al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otros grupos criminales. Esta designación permite al gobierno de EE. UU. emplear recursos militares, inteligencia y otras agencias federales para combatirlos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que es necesario tratar a estos cárteles como organizaciones terroristas armadas, más allá de su papel en el narcotráfico.
LIMITACIONES LEGALES Y POSIBLES JUSTIFICACIONES
El NYT subraya que existen limitaciones legales internas. El Congreso aprobó el uso de la fuerza militar contra Al-Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre, pero dicha autorización no aplica a todos los grupos terroristas designados por el Ejecutivo.
Por ello, una intervención militar contra los cárteles tendría que justificarse bajo la autoridad constitucional del presidente, probablemente bajo el argumento de defensa propia, por ejemplo, frente a la crisis de sobredosis de fentanilo.
Finalmente, el diario neoyorquino señala que no está claro si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada sobre la legalidad de esta directiva, ni si los asesores legales de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han avalado su aplicación.
