En el municipio de Coatepec, Veracruz, se registró un caso que ha sacudido a la comunidad. Dos hombres adultos mayores, Alberto “N” de 70 años y Samuel “N” de 74, fueron asesinados tras acudir a reclamar una reparación fallida en el taller mecánico ubicado en la colonia Lomas de Suchil.
Los presuntos responsables, Salvador “N” y Rodolfo Eligio “N”, eran los propios mecánicos del establecimiento. Según la Fiscalía General del Estado, el crimen ocurrió el 12 de marzo cuando las víctimas ingresaron al lugar para exigir que el trabajo fuera corregido. Los imputados, en respuesta, los habrían privado de la vida dentro del taller, se deshicieron de los cuerpos y huyeron en el vehículo de los clientes.
INVESTIGACIÓN Y HALLAZGO DE LOS CUERPOS
Tras la denuncia presentada por familiares ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, se implementó un operativo que concluyó días después con el hallazgo de los cadáveres cerca de un canal en la carretera Totutla–Xalapa. Campesinos encontraron los cuerpos y alertaron a las autoridades. Con base en estos hechos, se inició el proceso penal 56/2025-II y se dictó prisión preventiva oficiosa contra los sospechosos por los delitos de homicidio doloso calificado y robo de vehículo. El taller mecánico fue clausurado como parte de las diligencias.
IMPLICACIONES SOCIALES Y FALLAS ESTRUCTURALES
Este caso no solo ha causado indignación, sino que expone graves vacíos en la protección al consumidor en servicios informales. La falta de regulación sobre talleres mecánicos, la inexistencia de mecanismos formales para documentar reclamos y el riesgo que corren personas especialmente adultos mayores al enfrentar prestadores sin supervisión, son puntos clave que emergen de este crimen. Autoridades aún investigan si los acusados tenían antecedentes violentos o si existían otros motivos detrás del asesinato.
El homicidio de Alberto y Samuel obliga a repensar los protocolos de atención ciudadana, especialmente en servicios que operan en condiciones precarias. Reclamar por un trabajo mal hecho no debería tener consecuencias mortales. Urge fortalecer la vigilancia sobre prestadores de oficio y generar canales seguros para que los consumidores denuncien sin temor. Este caso también pone en evidencia la desprotección de adultos mayores en situaciones de conflicto comercial.
