Fue destituido de su cargo el magistrado José Luis Vargas, por voto unánime de cinco de siete magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicialde la Federación y en su lugar fue nombrado a Reyes Rodríguez Mondragón.
El magistrado Vargas salió en su propia defensa y expresó que la decisión que tomaron fue inconstitucional e ilegal, dicha desición fue resuelta faltando la presencia de Vargas y de Mónica soto quien también es magistrada en el TEPJF, a causa de esto Vargas se expresó y dijo «no me voy»
Tras el motivo que miembros de la TEPJF convocarán a una reunión para calificar la administración de Vargas como presidente de la TEJPF, misma reunión que el canceló, sin embargo aún así se llevó a cabo y los magistrados declararon la ausencia de Vargas como injustificada.
La magistrada, decana y «presidenta por ministro de ley» Janine Otálora, convocó al resto de magistrados y miembros de la TEJPF a participar en la elección de voto para remover de su cargo a Vargas y en concecuente elegir a un nuevo magistrado para el cargo.
Tras la ausencia de Vargas y Mónica Soto, cinco magistrados hicieron un recuento de las irregularidades que ha habido durante la gestión del ahora expresidente de la TEJPF.
Distintos miembros del ministerio expresaron las inconformidades y las irregularidades que se han presentado en la administración de Vargas
“Me parece que su desempeño como presidente de este tribunal debe ser motivo de censura”, afirmó. “Ni su desempeño ni el mío serán olvidados por la historia: seremos juzgados. Por eso lo llamo a reflexionar respecto de su ejercicio como titular de este máximo órgano, mismo que a mi juicio es censurable y así debe ser calificado por este Pleno”.
Mencionó el magistrado De La Mata
Una de las anomalías que mencionan hizo Vargas fue que les exigiera conocer sus votos antes de las sesiones públicas; diferir sesiones de manera unilateral, e incluso intentar manipular el resultado de una votación. También recordaron que el magistrado le faltó al respeto a representantes de la Judicatura Federal en su exigencia de tener camionetas blindadas.
“Nuestra decisión tiene como única finalidad asegurar una presidencia que dé certeza a la ciudadanía de que esta institución es creíble y eficaz”, dijo la magistrada Otálora. “Lo sucedido hoy debe entenderse como una declaración de principios: que la ética y la responsabilidad son la columna vertebral que sostiene a este tribunal y que rige nuestro actuar como funcionarios públicos”.
Añaden también que existe un presunto enriquecimiento ilícito por parte de Vargas ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República.
A causa de todo esto Vargas interpondrá controversia ante la Suprema Corte de Justicia, expuso que presentará la acción con base en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien se pronuncie sobre la legalidad de los actos derivados del día de hoy”.
Vargas también expresó que la decisión de removerlo de su cargo que tomaron fue ilegal pues no tienen las atribuciones para hacer eso.
“La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional es nula de pleno derecho”, sostuvo Vargas en un video.
“Los asuntos administrativos y de gobierno interno de esta institución no son materia de estas sesiones… someter la evaluación del desempeño público escapa a la atribuciones de este Pleno pues la rendición de cuentas se hace anualmente”
“La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y de no ser el caso, con el respeto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y debemos actuar a la altura de nuestra investidura, los albazos no son la forma en que se solventan las diferencias”
Expresó Vargas.
Tras hacer sus comentarios Vargas concluyó con que esto es un acto ilegal y lo resolverá pues su cargo termina en el 2023 y debe haber una intervenciones para las acciones que tomaron sus compañeros, aña