A cinco años de haber denunciado tortura sexual por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Miriam Ramírez Rosales volvió a exigir a las autoridades justicia, castigo a los responsables y reparación del daño.
Hasta la fecha, denuncia que ninguna carpeta ha sido judicializada y que las autoridades han minimizado su caso como “presunciones”, en 2020, Miriam fue detenida por un presunto fraude de cuantía media, cargo por el que luego fue absuelta.
Durante su traslado al penal de Piedras Negras, denuncia que fue desviado el camino por una brecha en el municipio de Nadadores, donde cuatro elementos de la Policía de Investigación Criminal la agredieron sexualmente.
Uno de mis agresores, que hoy está preso por tentativa de feminicidio, me metió una botella en la boca. Me quebraron los dientes, la clavícula, perdí audición del oído derecho y tuve laceraciones, relató en conferencia afuera de la Delegación Laguna I de la Fiscalía.
Además, señaló que fue golpeada al interior de la fiscalía y que existen testigos que ya han rendido declaración. A pesar de haber interpuesto múltiples denuncias, afirma que ninguna ha avanzado hacia la judicialización.
EXIGE JUSTICIA REAL
Acompañada por decenas de documentos y expedientes, Miriam declaró estar cansada de la omisión institucional:
Ya no quiero más ‘mejoralitos’. Quiero que me judicialicen alguna de mis carpetas. No puede ser tanta aberración y no se haga nada.
La denunciante también expuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le retiró todos los apoyos que anteriormente recibía como víctima de violaciones graves a derechos humanos.
Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, sostuvo que el caso de Miriam Ramírez ha sido atendido, aunque afirmó que hasta ahora las acusaciones se basan en ‘presunciones’. Indicó que se aplicaron dos protocolos de Estambul, ambos con resultados negativos para indicios de tortura.
Todo es con base en datos de la carpeta, no en presunciones. Es una persona que está siendo atendida, aunque no puedo dar opinión de fondo porque hay diligencias pendientes, dijo.
Sin embargo, Miriam Ramírez ha señalado que los documentos han sido alterados y que el procedimiento ha carecido de imparcialidad y transparencia.
El caso de Miriam Ramírez representa un ejemplo más de los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de tortura sexual para acceder a la justicia en México. Organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente que la impunidad y la revictimización institucional continúan siendo patrones preocupantes. Miriam exige que al menos una de sus carpetas sea judicializada, y que se reconozca oficialmente su calidad de víctima, tanto por la fiscalía estatal como por los organismos de atención a víctimas.
