Sinaloa vive su peor crisis humanitaria en años, y las víctimas más invisibles son también las más vulnerables: sus niñas y niños.
‘La Chapiza’ y ‘La Mayiza’ han desatado una escalada de violencia desde septiembre del 2024, debido a la captura del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, dejando un trágico saldo de al menos 39 menores que han sido asesinados y 97 que se encuentran en calidad de desaparecidos, según reportes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La violencia se desató cuando estalló una lucha interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: ‘La Mayiza’ y ‘La Chapiza’. En ocho meses, los enfrentamientos armados han dejado a comunidades enteras atrapadas entre el fuego cruzado. La niñez sinaloense ha pagado un precio altísimo.
Treinta y nueve personitas menores de edad han perdido la vida. ¿Cuándo se va a reponer la ciudadanía de una herida tan profunda y dolosa como esta? Nunca, lamentó Óscar Loza, presidente de la CEDH, en entrevista con la agencia AFP.
VÍCTIMAS COLATERALES DE ENFRENTAMIENTOS
Las muertes de Leydi (7 años) y Alexa (11 años) marcaron un nuevo punto de dolor en la tragedia. Ambas niñas fallecieron esta semana en un tiroteo entre el Ejército y un grupo armado en Badiraguato, lugar simbólico por ser cuna de capos como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
En ese mismo ataque resultaron heridos un niño de 12 años, los padres de las niñas y otros familiares. No estaban involucrados. Solo estaban allí, en el lugar y momento equivocados.
DESAPARICIONES DE MENORES SIN RESPUESTA
Además de los asesinatos, la Fiscalía de Sinaloa ha documentado 97 casos de menores desaparecidos en este periodo. En la mayoría de ellos no hay pistas, detenidos ni avances judiciales. Las familias viven entre la incertidumbre, el miedo y el abandono institucional.
Las organizaciones civiles insisten en que estos crímenes no pueden seguir siendo tratados como ‘efectos colaterales’.
Mientras tanto, la violencia continúa. La CEDH exige medidas urgentes de protección a menores en zonas de alto riesgo, atención psicológica y reparación del daño para las víctimas indirectas, así como una respuesta firme del Estado mexicano.
