Este miércoles, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) portar armas de fuego para funciones de seguridad, siempre que lo justifiquen y cumplan con los requisitos legales.
La reforma también contempla el endurecimiento de penas por tráfico ilegal de armas y explosivos, así como nuevas restricciones al uso y transporte de armamento, incluida la prohibición de armas impresas en 3D y dispositivos de activación remota.
El dictamen, que ahora pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prevé sanciones de hasta 30 años de prisión y multas que superan los 200 mil pesos para quienes introduzcan al país armamento reservado al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o modifiquen armas para convertirlas en automáticas.
La Cámara de Diputados aprobó reforma a ley de federal de armas para permitir a funcionarios del SAT, Pemex y CFE, traer armas para poder cumplir con sus funciones: «¿Por qué aprobaron esto?», cuestiona @chumeltorres en #LaRadioDeLaRepública pic.twitter.com/VQA2hgM9Ui
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 30, 2025
Asimismo, se establecen penas de entre 6 y 12 años de cárcel para quienes trafiquen explosivos, artificios o sustancias químicas con fines bélicos, sin los permisos correspondientes.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantendrá la facultad de autorizar o negar las licencias de portación, incluyendo armas automáticas calibre 7.62 mm o superiores, tanto para personal de seguridad pública como para funcionarios que acrediten la necesidad de uso en sus funciones.
📌El Senado aprobó reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer un nuevo marco jurídico de equipamiento y accesorios, que procure la cultura de la paz y el desarme. pic.twitter.com/JXz0P1zYaN
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Con esta reforma, se busca fortalecer el marco legal en torno a la posesión, portación y tráfico de armamento, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y el combate al crimen organizado.
