La Corte Penal Internacional (CPI) y un grupo de 79 naciones, entre ellas México, condenaron nuevamente la orden ejecutiva firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones al organismo judicial internacional.
Según la CPI, estas sanciones buscan socavar su labor independiente e imparcial. «Apoyamos firmemente a nuestro personal y nos comprometemos a seguir impartiendo justicia, brindando esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en el mundo», declaró el tribunal.
GRAVES ATAQUES CONTRA EL SISTEMA INTERNACIONAL
La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, calificó las sanciones impuestas como «ataques graves contra los Estados miembros y el sistema jurídico internacional».
El decreto firmado por Trump argumenta que la CPI ha llevado a cabo acciones ilegales y sin fundamento contra EU y su aliado, Israel. Entre las sanciones se incluyen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para directivos, empleados y agentes del organismo, así como sus familiares cercanos y cualquier persona que haya colaborado con las investigaciones del tribunal.
Israel respaldó la medida de Trump, calificando a la CPI como «inmoral e ilegítima». Washington ya había criticado al tribunal tras emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
Por su parte, 79 países miembros del organismo, incluyendo México, Canadá, Chile, Sudáfrica y Reino Unido, respaldaron la iniciativa de la CPI en rechazo a las sanciones. En un comunicado publicado por la misión de Eslovenia ante la ONU, los firmantes advirtieron que estas medidas «aumentan el riesgo de impunidad en delitos graves y amenazan con socavar el estado de derecho internacional».
PREOCUPACIONES POR LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL
Los países firmantes alertaron sobre el peligro que representan las sanciones para la confidencialidad de la información sensible y la seguridad de las víctimas, testigos y funcionarios judiciales. Además, expresaron su preocupación de que la CPI pueda verse obligada a cerrar oficinas, afectando su labor investigativa en distintos conflictos del mundo.
Países Bajos y Alemania lamentaron las sanciones impuestas al tribunal, mientras que la ONU instó a Trump a reconsiderar la medida.
En tanto, Ucrania manifestó su expectativa de que la CPI continúe con los procesos contra presuntos criminales de guerra rusos a pesar de las sanciones. Kiev subrayó la necesidad de más órdenes de arresto contra responsables de ejecuciones de prisioneros ucranianos, deportación de niños y ataques a civiles.
Con este respaldo internacional, la CPI mantiene su postura firme en la investigación y enjuiciamiento de crímenes de guerra y lesa humanidad, pese a las presiones y sanciones impuestas por la administración estadounidense.
