Por Christian López
X: @Chriz_lopez
PARTE 3 DE 4
IV. Del estado actual de la justicia en México, algunas cifras
Como decíamos al principio del texto, la impunidad en México es una realidad aplastante, no solo por el volumen de actos criminales realizados en el país, sino por la mala praxis de todas las instituciones relacionas con la administración e impartición de justicia, desde las policías, pasando por las fiscalías y, en gran medida, por el poder judicial como cúspide del sistema.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (EVIPE) 2023, del total de delitos ocurridos en 2022, solo 10.9 % se denunció, mientras que el Ministerio Público (MP) o Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación solo en 69.3 % de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos en 92.4 % no se investigó por parte de la autoridad.
Para profundizar en el entendimiento de la impunidad en este país podemos atender las cifras siguientes que provienen igualmente de la EVIPE 2023, de 69.3% de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1% el resultado fue “no pasó nada o no se resolvió la denuncia” y 31.4% resultó “en trámite”. Lo anterior se traduce en que 77.5% de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, solamente el 1.2 % de los delitos cometidos tuvieron consecuencias legales para quienes los cometieron.
En términos específicos de procuración de justicia esta encuesta nos arroja cierta luz si utilizamos las cifras de delitos denunciados y la relación de estos con la conformación de las carpetas de investigación y la posterior judicialización de los casos, sin embargo lo que el INEGI reconoce como una debilidad metodología de la encuesta nos permite también identificar uno de los grandes problemas con respecto a la justicia en este país, me refiero a la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncia por parte de la víctimas.
En esta misma encuesta levantada por el INEGI entre el 27 de febrero y el 28 de abril de 2023 se evidencia en gran medida la enorme desconfianza por parte de la ciudadanía en contra de las autoridades, además de la percepción de la dificultad para denunciar debido a la enorme burocratización de los procesos. La encuesta nos dice que las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 59.0%; otras causas ocupó 40.3% y en 0.7% de las ocasiones, no se especificó. De las causas atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron pérdida de tiempo, con 31.5%; desconfianza a la autoridad, con 14.7% y trámites largos y difíciles, con 8.8%. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron: falta de pruebas, con 11.9%; se consideró un delito de baja importancia, con 11.2% y miedo del agresor, con 5.7%.
Esta desconfianza, desde mi punto de vista, es producto de un proceso histórico en el cual las autoridades encargadas de la procuración de justicia han actuado de manera ineficiente y, muchas veces, corrupta. Lo anterior debido a una construcción deliberada de las instituciones para asegurar la impunidad.
Aunque me choque citarme como si fuera yo un opinador televisivo o un académico de cocteles en Coyoacán, recordaré lo que hace poco decía en una columna justamente acerca del rediseño institucional hecho por Zedillo con su reforma constitucional fast track -y a puerta cerrada- al poder judicial, el partido de Estado que institucionalizó la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, también la asesinó; la Revolución Rusa murió en el ´89 con La Caída del Muro de Berlín, la Revolución Mexicana murió en el ´88 con “La Caída del Sistema”, acelerando en ambos caso un proceso de desmantelamiento del Estado en beneficio exclusivo de un pequeño grupo de poder político y empresarial que necesita una institución judicial a su servicio que vele por sus propios intereses y no por el bien común. Hoy el Poder Judicial no es libre ni autónomo, es claramente una herramienta de la derecha. Por ello urge un rediseño de todo el sistema de justicia en este país, comenzando de arriba para abajo, del encargado último de la impartición de justicia, las y los jueces y magistrados del poder judicial.
Ese mismo sistema está construido, como se decía mas temprano en este texto, para atender solamente AL CIUDADANO, así con mayúsculas y así en masculino, pues su diseño es clasista, racista, misógino y lgbtfóbico.
En el caso específico de las poblaciones de la diversidad sexual la inhibición para denunciar se basa en las experiencias propias y ajenas en las que se discrimina, descalifica, ignora y hasta agrede a les denunciantes, ignorando claramente el debido proceso revictimizándoles y violando los derechos humanos de las personas diversas.
