El Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Laken Riley, que ahora pasa al presidente Donald Trump para su firma.
Esta nueva normativa permitirá a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) arrestar a migrantes indocumentados acusados de delitos como robo sin violencia, entre otros. Además, la ley faculta a los estados para desafiar la política migratoria federal, lo que aumenta las tensiones sobre la gestión de la inmigración en el país.
El Senado aprobó el proyecto de ley Laken Riley, que exige que ICE emita órdenes de detención contra los migrantes sin papeles acusados de delitos como hurto, robo y otros delitos menores sin violencia. Esta legislación ha recibido apoyo tanto de republicanos como de demócratas y está diseñada para endurecer las políticas migratorias en los EU.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una joven universitaria asesinada en 2024 por un migrante venezolano en Georgia. El agresor, José Ibarra, estaba en el país de forma ilegal y había sido arrestado previamente. Este caso trágico se convirtió en un tema de campaña electoral, especialmente entre los republicanos, que utilizan la historia de Riley como un símbolo de la necesidad de políticas migratorias más estrictas.
Rep. @AOC on during Laken Riley Act debate: «When a private prison camp opens in your town and they say, ‘we didn’t know this was going to happen,’ know that they did and they voted for it.» pic.twitter.com/fim0j9FK0F
— CSPAN (@cspan) January 22, 2025
IMPACTO DE LA LEY LAKEN RILEY
El proyecto de ley Laken Riley ha sido uno de los primeros en ser aprobado en la nueva sesión del Congreso, impulsado por la mayoría republicana, pero con apoyo también de 48 demócratas.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto regresa a la Cámara de Representantes para su ratificación final antes de ser firmado por el presidente Trump, quien ha mostrado apoyo a políticas migratorias más estrictas.
La ley fue aprobada con enmiendas que amplían los delitos sujetos a detención, incluyendo el ataque a agentes policiales o causar daño físico o la muerte a individuos.
Asimismo, permite a los fiscales generales de los estados demandar al Gobierno federal si se considera que la aplicación de las leyes migratorias no es adecuada, especialmente si el daño financiero supera los 100 dólares.
