En sesión pública ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el Dictamen con Minuta de Decreto, enviada por el Ejecutivo del Estado, para derogar el artículo 16 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como derogar el artículo 42 Bis de la Ley de Obra Pública y Servicios para el Estado de Puebla.
El Dictamen tiene como finalidad reorientar la inversión del gasto público en acciones prioritarias para reducir la brecha de desigualdad en la entidad, procurando que el destino de recursos atienda las necesidades de las y los poblanos.
La Iniciativa establece que la derogación de las porciones legales en el marco jurídico de actuación del «Testigo social», no representa a un retroceso respecto de los mecanismos necesarios para la detección de conductas reprochables, ya que con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y rendición de cuentas que rigen el servicio público, y que en caso de no observarse tales principios, corresponde a la Secretaría de la Función Pública el desahogo de los procedimientos para las sanciones respectivas.
Durante el análisis del Dictamen, los diputados Oswaldo Jiménez López, Raúl Espinosa Martínez y Armando García Avendaño externaron su desacuerdo al considerar la necesidad de mantener la figura del Testigo Social, con la finalidad de fortalecer la legalidad y la transparencia en la entidad.
