Comisiones del Senado aprueban Leyes Secundarias de la Reforma Judicial

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron las leyes secundarias correspondientes a la reforma judicial, entre las cuales destacan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y un proyecto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las leyes aprobadas buscan armonizar las normativas con la reforma constitucional al Poder Judicial. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecerá las normas, la estructura, la integración, el funcionamiento y la competencia de los órganos que componen dicho Poder.

Por su parte, la Ley de Carrera Judicial busca asegurar principios fundamentales como la excelencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, independencia y paridad de género, en concordancia con la Constitución Mexicana.

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

El dictamen también incluye una reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de añadir el concepto de buena administración. Esta reforma también considera como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y otros códigos de conducta.

Los partidos Morena, PVEM y PT dieron su apoyo a los tres proyectos de ley, mientras que PAN, PRI y MC votaron en contra.

Alejandra Barrales Magdaleno (MC) expresó su desacuerdo, argumentando que estas reformas no abordan los problemas de justicia en México y, por el contrario, «someten» al Poder Judicial al partido en el poder, lo que podría resultar en el control político de los cargos judiciales.

Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) defendió las reformas, afirmando que responden a una demanda social por servidores públicos más democráticos, transparentes e imparciales.

Carolina Viggiano Austria (PRI) criticó la reforma, señalando que la misma invade el Poder Judicial y afecta el equilibrio de poderes, además de ser aprobada con una «mayoría espuria», lo que impide combatir la corrupción y garantizar la calidad de los juzgadores.

Ricardo Anaya Cortés (PAN) coincidió en que la reforma no tiene como objetivo mejorar el sistema de justicia, sino consolidar el control de Morena sobre el Poder Judicial, especialmente en la elección de jueces.

Nora Ruvalcaba Gámez (Morena) defendió la reforma como una oportunidad para transformar profundamente el sistema judicial y garantizar que la justicia sea un derecho, no un privilegio.