Presidente de Corea del Sur declara la ley marcial

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, sorprendió al país al declarar la ley marcial en un discurso televisado la noche del martes.

Acusó al Partido Democrático, principal fuerza opositora, de simpatizar con Corea del Norte y de llevar a cabo actividades contra el Estado.

La ley marcial no se había declarado en Corea del Sur desde 1980, durante un levantamiento nacional. En su anuncio, Yoon citó una moción del Partido Democrático, que tiene mayoría en el parlamento, para destituir a fiscales clave y rechazar una propuesta de presupuesto gubernamental.

Ante esto después del discurso, legisladores surcoreanos votaron en contra de la ley marcial. Con 190 votos de los 300 miembros del parlamento, la medida fue revocada. Aunque la votación fue unánime, no está claro qué impacto tendrá, ya que según la ley surcoreana, el presidente debe acatar la decisión parlamentaria.

INSTAN A TOMAR MEDIDAS DE EMERGENCIA

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-sik, calificó el anuncio de “inválido” y pidió que se levantaran inmediatamente las medidas de emergencia.

Yoon justificó la ley marcial como una respuesta necesaria para erradicar las «fuerzas antiestatales» que amenazan la seguridad del país. Afirmó que la medida era esencial para proteger las libertades del pueblo surcoreano y garantizar la estabilidad de la nación.

El decreto incluye restricciones severas, como la prohibición de actividades políticas, la difusión de “noticias falsas” y la manipulación de la opinión pública. También autoriza arrestos sin orden judicial.

REACCIONES DE LA CIUDADANÍA

La noticia de la ley marcial conmocionó a la población. Muchos ciudadanos se mostraron sorprendidos y preocupados por el impacto en la democracia del país. Líderes de la oposición calificaron la medida de “inconstitucional”.

La ley marcial de Yoon ha generado una gran división en Corea del Sur. Mientras el presidente insiste en que es necesaria para la estabilidad, la oposición y gran parte de la población ven la medida como una amenaza a la democracia.