Napoleón Gómez Urrutia gana importante batalla jurídica en la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Sindicato Nacional Minero, liderado por el diputado Napoleón Gómez Urrutia, en un caso clave sobre el supuesto adeudo de 55 millones de dólares derivados de un extinto fideicomiso. 

La decisión, adoptada por mayoría de cuatro votos contra uno en la Segunda Sala del máximo tribunal, ordena la concentración de 25 expedientes para resolver la controversia de manera integral.

El fallo tiene un impacto significativo, ya que obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a incluir cuatro expedientes omitidos previamente. 

Según el sindicato, estos archivos contienen pruebas esenciales que acreditan la correcta distribución de los recursos, entre ellas constancias que demuestran el pago de más de 23 millones de dólares a los trabajadores. Asimismo, incluyen sentencias penales y dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que respaldan que los recursos son administrados legítimamente por el gremio.

ACUSACIONES CONTRA LA JFCA Y GRUPO MÉXICO

El sindicato denunció que la JFCA, bajo la dirección de María Eugenia Navarrete, actuó en complicidad con el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito para favorecer los intereses de Germán Larrea, dueño de Grupo México. 

Según el gremio, el empresario ha intentado debilitar a la organización desde la privatización de la mina de Cananea, de donde se originó el fideicomiso en cuestión.

La controversia legal, que data de la década de 1990, surgió cuando se determinó que el 5% de las acciones de Mexicana de Cananea debía ser destinado a los trabajadores. La negativa de Grupo México a cumplir con este acuerdo desencadenó una huelga que duró 15 años, culminando en un pacto que otorgaba al sindicato la rectoría de los recursos.

DERECHOS DE LOS MINEROS

En su resolución, la SCJN destacó la necesidad de justicia no solo pronta, sino también completa. Gómez Urrutia celebró el fallo, calificándolo como un paso clave hacia la protección de los derechos de los trabajadores mineros.

Este caso marca un precedente importante en la defensa de los derechos laborales y en la regulación de conflictos derivados de la privatización de empresas estatales.