El Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado una propuesta al Poder Judicial de la Federación para reducir el número de candidaturas en los procesos de renovación judicial, con el objetivo de optimizar costos y facilitar la logística electoral.
Según fuentes cercanas al proceso, esta medida busca evitar el uso de boletas «gigantes» que, en su formato actual, incluirían una extensa cantidad de nombres y datos.
Actualmente, cada Poder de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— propone tres candidatos por cada cargo a renovarse en el ámbito federal, y dos para magistraturas de circuito y juzgados de distrito.
Sin embargo, el INE sugiere limitar estas propuestas a una sola por Poder para cada posición, lo que reduciría significativamente el número total de candidaturas.
IMPACTO EN LA SUPREMA CORTE
De adoptarse esta iniciativa, el proceso de renovación de las nueve sillas vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasaría de 81 candidaturas totales a solo 27, más las tres ministras en funciones que buscan su reelección: Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Esto permitiría que las boletas mantengan el tamaño estándar de una hoja carta (22 x 28 cm), en lugar del doble tabloide inicialmente proyectado debido a la cantidad de información requerida por la ley.
SIMPLIFICACIÓN DE LAS BOLETAS
La propuesta también asegura que las boletas mantendrán la visibilidad y claridad necesarias para que los votantes accedan a información clave: nombres completos de los candidatos, cargo por el que compiten, entidad federativa, especialización, autoridad postulante y estatus (en funciones o resultado de la reforma).
AJUSTES PRESUPUESTALES
El Comité de Evaluación del Poder Judicial analizará la viabilidad de esta iniciativa, en el contexto de un presupuesto originalmente proyectado en 13 mil 205 millones de pesos para la elección judicial.
La meta es reducir este monto al menos en un tercio, mientras se armonizan los circuitos judiciales y distritos electorales para garantizar una representación equilibrada en todas las entidades del país.
Esta decisión será crucial para determinar cómo se desarrollará este proceso electoral extraordinario, que busca sentar las bases de un sistema más eficiente y transparente en la selección de autoridades judiciales.
