Sheinbaum envía leyes secundarias para regular el Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este miércoles un paquete de reformas a las leyes secundarias de la Constitución que regularán el funcionamiento del Poder Judicial tras los recientes cambios constitucionales. 

Entre las iniciativas destacan la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Durante la conferencia presidencial, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, detalló que la nueva Ley Orgánica armonizará las disposiciones constitucionales con los ajustes al Poder Judicial. 

Entre los cambios, desaparecen las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se reduce el número de integrantes de 11 a nueve. 

Además, se definen las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de supervisar el desempeño de jueces y magistrados para garantizar un actuar transparente y conforme a derecho.

El Tribunal de Disciplina Judicial estará compuesto por cinco miembros electos, quienes tendrán la facultad de sancionar a magistrados y supervisar las labores del Poder Judicial.  Godoy subrayó que esta división incluirá también un órgano de administración separado, con reglas claras para su funcionamiento.

FORTALECER LA CARRERA JUDICIAL

Otra propuesta clave es la Ley de la Carrera Judicial, que establece pautas para el desarrollo profesional dentro del Poder Judicial. Según Godoy, la reforma busca no solo preservar la carrera judicial, sino fortalecerla mediante la Escuela Nacional de Formación Judicial, la cual también ofrecerá capacitación a integrantes de fiscalías y cuerpos policiales.

REFORMAS EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

En cuanto a la Ley de Responsabilidades Administrativas, se introducirán cambios para asegurar certeza sobre las faltas y sanciones aplicables a jueces. 

Sin embargo, Godoy aclaró que el tribunal disciplinario no tendrá facultades para anular resoluciones judiciales, limitándose a imponer sanciones y promover recursos legales cuando se detecten irregularidades.