Por Aldo San Pedro
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El compromiso de transformar a México en un país más seguro y saludable no puede esperar. Esta columna, la segunda entrega del «Plan México 30», se enfoca en los pilares de salud y seguridad, abordando las estrategias necesarias para garantizar una mejora real y sostenible en la calidad de vida de mexicanas y mexicanos. En la primera entrega, se presentó la visión general de este plan, que abarca políticas de largo plazo. Hoy avanzamos en la propuesta de soluciones concretas. Invitamos a las lectoras y lectores que no hayan leído la entrega anterior a consultarla para obtener una comprensión más integral del plan.
México enfrenta una crisis de seguridad que requiere una intervención urgente y profunda. Con el país ocupando el puesto 138 en el Índice de Paz Global, la violencia vinculada al crimen organizado, la corrupción y una percepción generalizada de inseguridad se presentan como los principales desafíos. La militarización ha contenido ciertos focos críticos de violencia, pero no ha resuelto las causas estructurales. Las estadísticas son claras: tasas de homicidios superiores a 27 por cada 100,000 habitantes y un tráfico de armas en el que más del 70% proviene del contrabando. La proximidad geográfica con Estados Unidos y la fragmentación de grupos criminales en estados como Guerrero y Michoacán agravan el panorama.
De implementarse el «Plan México 30», se podría abordar esta realidad mediante un enfoque integral que combine acciones preventivas, políticas de justicia, control del tráfico de armas y programas de reinserción social. El fortalecimiento institucional se lograría mediante la creación de unidades especializadas para combatir la corrupción y la implementación de sistemas de certificación para jueces y fiscales, garantizando su integridad y transparencia. El uso de tecnologías avanzadas y la colaboración interinstitucional en las investigaciones penales permitiría un combate más eficiente contra el crimen organizado, tomando como referencia reformas exitosas en Colombia.
La prevención de la violencia tendría que ser prioritaria. El plan contempla establecer redes comunitarias de prevención en municipios con alta incidencia delictiva, con actividades educativas, deportivas y artísticas que reducirían el reclutamiento juvenil por parte de grupos delictivos. Programas de intervención temprana en países como Nueva Zelanda y El Salvador han demostrado ser efectivos, aunque su éxito dependería de la personalización de las estrategias según las realidades locales. El control del tráfico de armas requeriría una cooperación internacional fortalecida, trazabilidad digital y acuerdos con Estados Unidos para detener el flujo de armas ilegales. Colombia y Guatemala han implementado modelos que podrían ser adaptados a la realidad mexicana.
La reinserción social sería fundamental para reducir la reincidencia delictiva. Se proponen programas de rehabilitación, educación y capacitación técnica para personas privadas de la libertad, con un enfoque especial en quienes cumplen penas menores. En el Estado de México, donde la reincidencia es particularmente alta, estos programas podrían disminuir la tasa en al menos un 20% en los próximos diez años.
El impacto de estas acciones, de llevarse a cabo, se reflejaría en el corto plazo mediante una mejora en la percepción de seguridad gracias a las reformas iniciales y las acciones comunitarias. En el mediano plazo, se esperaría una reducción del 25% en los índices de criminalidad, mientras que a largo plazo, México podría alcanzar niveles de seguridad comparables a los países europeos más pacíficos. Para garantizar el cumplimiento y la transparencia, se propone la creación de observatorios ciudadanos con participación de la sociedad civil y organismos internacionales.
En el ámbito de la salud, México enfrenta grandes desafíos debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas que afectan al 30% de la población adulta, como obesidad, diabetes e hipertensión. La desigualdad en el acceso a servicios médicos, especialmente en zonas rurales, agrava la situación. La cobertura sanitaria universal sigue siendo una meta pendiente, y los gastos de bolsillo representan una carga para más del 40% de las familias. Países como España y Noruega han logrado avanzar en cobertura mediante políticas preventivas y sistemas sólidos de atención primaria, modelos que deberían inspirar nuestras acciones.
De implementarse el «Plan México 30», garantizar la cobertura universal sería clave. Se propone un sistema escalonado que asegure servicios básicos para toda la población, con metas realistas de alcanzar una cobertura del 95% en diez años. Esto debería complementarse con la creación y modernización de centros de salud en zonas rurales, así como incentivos para el personal médico. El modelo noruego de incentivos y capacitación ha demostrado ser efectivo para reducir disparidades. Adicionalmente, se impulsarían campañas de prevención para reducir enfermedades crónicas, tomando como referencia las estrategias implementadas por Corea del Sur.
La sostenibilidad del sistema de salud requeriría un incremento gradual del gasto público hasta alcanzar el 8% del PIB, con la participación del sector privado. Los modelos de seguro universal en países como Corea del Sur han demostrado ser sostenibles mediante financiamiento mixto.
En el corto plazo, estas acciones mejorarían el acceso a servicios y reducirían la incidencia de enfermedades crónicas. En el mediano plazo, se proyecta un incremento de la esperanza de vida en al menos tres años, mientras que a largo plazo, México podría posicionarse entre los países con mejor cobertura y calidad de servicios de salud comparables a Europa. La creación de un Consejo Nacional de Supervisión en Salud permitiría el monitoreo y la evaluación constante de las políticas implementadas.
La implementación del «Plan México 30» en temas críticos como seguridad y salud no solo sería una necesidad, sino una obligación para transformar el tejido social y mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. La magnitud de los desafíos actuales exige adoptar estrategias que vayan más allá de soluciones temporales y enfoques aislados. Solo así se podrá construir un México más seguro y saludable, con oportunidades y justicia para todas las personas. Esta serie de entregas busca ofrecer una visión de largo plazo que trascienda administraciones y garantice el bienestar de nuestra sociedad.
