Por Aldo San Pedro
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La renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México es un momento crucial para el país. Con 48 candidatos en la contienda, incluidos aspirantes de diversas áreas de derechos humanos y la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, el proceso ha despertado gran interés y expectativa. A medida que México enfrenta una nueva administración federal encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum, la designación de un nuevo presidente o presidenta de la CNDH cobra especial relevancia en un contexto de reformas clave, como al Poder Judicial o la Guardia Nacional. En esta coyuntura, la CNDH debe fortalecerse como un verdadero defensor de los derechos humanos en México, capaz de responder con independencia y compromiso a los retos actuales.
Los desafíos en materia de derechos humanos son contundentes y quedan en evidencia en los informes de 2023 de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la propia CNDH. Estos documentos reflejan una realidad alarmante que exige liderazgo en la CNDH para abordar temas como la impunidad en el sistema judicial, la crisis de desapariciones forzadas, la violencia de género y la creciente militarización de la seguridad pública. Estos problemas requieren no solo un análisis profundo, sino una respuesta comprometida que transforme a la CNDH en una institución verdaderamente defensora de los derechos humanos.
Uno de los temas centrales de estos informes es el acceso a la justicia, un derecho que sigue siendo limitado para millones de mexicanos. Con un alarmante índice de impunidad, México enfrenta un sistema judicial saturado, ineficaz y, en muchos casos, corrupto. Según datos recientes, el 90% de los delitos no se denuncian, y de los que se denuncian, solo una tercera parte se investiga adecuadamente, lo que resulta en una resolución de apenas el 1% de los casos. Esta alarmante estadística no solo mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad que protege a los responsables de delitos graves, incluyendo los feminicidios y las desapariciones forzadas.
Este último tema, las desapariciones forzadas, representa una de las crisis humanitarias más graves en México. Desde el inicio de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006, más de 105,000 personas están reportadas como desaparecidas. A pesar de los esfuerzos de las familias y de colectivos que buscan a sus seres queridos, la falta de acción y de efectividad por parte de las autoridades es evidente. Tan solo en 2023, al menos 12,031 personas más se sumaron a esta lista de desaparecidos. La próxima persona al frente de la CNDH tendrá la responsabilidad de luchar incansablemente por estas familias, así como de abogar por medidas efectivas para prevenir y atender estos casos.
Otro problema relevante es la violencia de género, específicamente los feminicidios. A lo largo de 2023, se reportaron aproximadamente 3,700 asesinatos de mujeres en México, de los cuales una cuarta parte fue clasificada como feminicidios. Las deficiencias en la investigación de estos crímenes y la falta de protección efectiva para las mujeres reflejan una necesidad urgente de acciones más enérgicas y coordinadas entre la CNDH y otras instancias. La violencia de género no solo impacta a las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje de vulnerabilidad hacia las mujeres en México, reforzando una cultura de violencia que debe ser erradicada.
La militarización de la seguridad pública en México es otro desafío importante que enfrenta la CNDH. La Guardia Nacional, inicialmente creada como un cuerpo civil de seguridad, recientemente incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha suscitado críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Desde la militarización de la seguridad en 2006, han ocurrido numerosos casos de violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y torturas. Las cifras de la propia CNDH muestran que las quejas contra las fuerzas armadas y la Guardia Nacional se han incrementado, y un enfoque de supervisión estricta por parte de la CNDH es imprescindible para asegurar que la participación militar en tareas civiles no agrave las violaciones de derechos humanos.
Además, la CNDH debe seguir siendo un enlace crucial entre México y los organismos internacionales de derechos humanos. Las interacciones y compromisos con instituciones como la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas permiten que México se mida con estándares globales, fortaleciendo la presión y la rendición de cuentas para garantizar la justicia. El próximo titular de la CNDH deberá cumplir este papel con una actitud de interlocución clara y firme, reconociendo las deficiencias que la misma Comisión ha señalado en sus informes y promoviendo políticas que logren cambios reales en el país.
La complejidad de estos desafíos no se puede minimizar. La CNDH no puede ser una piedra en el camino hacia la justicia y los derechos humanos; debe transformarse en una fortaleza que proteja y defienda con firmeza a los ciudadanos, especialmente a los grupos vulnerables que, según los informes, enfrentan riesgos significativos en nuestro país. Periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres, migrantes y minorías étnicas se encuentran en situaciones de riesgo continuo y requieren protección inmediata y sostenida. La creación de políticas y protocolos que favorezcan la defensa y protección de estos grupos es indispensable para la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos en la sociedad mexicana.
La próxima presidencia de la CNDH no será una tarea fácil. Las expectativas sobre el o la nueva titular son enormes, y los problemas son complejos y profundamente arraigados. Sin embargo, en este contexto desafiante, también existe una oportunidad única: la posibilidad de fortalecer el papel de la CNDH en la defensa de los derechos humanos en México. Este liderazgo renovado puede y debe marcar un cambio hacia una institución comprometida con la verdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La CNDH debe ser un símbolo de esperanza y acción efectiva, capaz de denunciar y defender, pero también de educar y prevenir.
El papel de un nuevo presidente o presidenta de la CNDH adquiere una relevancia crucial. Como defensor activo e independiente de los derechos humanos y enlace con organismos internacionales, el titular de la CNDH enfrenta retos significativos. Entre ellos, destacan la necesidad de combatir la impunidad, supervisar el papel del ejército en tareas civiles, fortalecer la protección de grupos vulnerables, mejorar la transparencia institucional y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en la sociedad mexicana. El éxito en abordar estos desafíos será fundamental para fortalecer el estado de derecho en México y avanzar hacia una mejor protección de los derechos humanos en el país. La labor del presidente de la CNDH, por tanto, se perfila como un elemento clave en la construcción de un México más justo y respetuoso de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos y ciudadanas.
