El Congreso de Michoacán ha hecho historia al convertirse en la primera entidad en el país en aprobar una reforma constitucional en materia judicial.
Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 ausencias, esta reforma armoniza la legislación local con la reciente reforma constitucional federal promulgada el 15 de septiembre, en una sesión extraordinaria que se extendió por más de cinco horas, los legisladores respaldaron mayoritariamente la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destinada a modernizar el Poder Judicial del estado.
La reforma establece la elección por voto directo de magistrados y jueces, además de reestructurar los órganos del Poder Judicial. Se creará un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
Asimismo, también se implementará un proceso de insaculación para la renovación de magistraturas, aunque para la mitad de los jueces y juezas se llevará a cabo una insaculación solo en los casos necesarios.
El gobernador Ramírez Bedolla celebró este avance, enfatizando que “se acabaron los gobiernos que sirven a unos cuantos”, lo que marca un paso significativo hacia una mayor democratización del acceso a la justicia y una administración más transparente en el Poder Judicial.
#Michoacán El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró que Michoacán se convirtiera en el primer estado del país en aprobar su propia reforma al Poder Judicial en cumplimiento al mandato popular. #CBTV https://t.co/LUlU7OIQ7j
— CB Televisión (@cb_television) October 24, 2024
CONTROVERSIAS DE LA REFORMA
A pesar del apoyo mayoritario, los diputados de oposición expresaron su desacuerdo, argumentando que la reforma perjudica al Poder Judicial y que no fue discutida adecuadamente. Además, señalaron que podría considerarse un desacato a un mandato judicial que ordena la suspensión del voto para la reforma en los congresos locales.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña, aseguró que el proceso legislativo fue legal y que la Constitución General establece un plazo de 180 días para que las entidades ajusten sus marcos normativos.
Con esta reforma, Michoacán avanza hacia un sistema de justicia más eficiente y responsable, atendiendo las necesidades de la ciudadanía y fortaleciendo la confianza en el Poder Judicial.
