La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha impuesto una multa significativa de 437.9 millones de pesos a 52 gasolineras y 18 directivos por manipulación de precios.
Esta sanción se debe a la colusión para acordar los precios de las gasolinas regular y premium entre los años 2014 y 2021, la Cofece, en su papel de órgano regulador antimonopolio, ha identificado prácticas anticompetitivas que perjudican a los consumidores al limitar la competencia y mantener precios artificialmente altos.
Las investigaciones revelaron que las gasolineras involucradas, junto con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), conspiraron para fijar precios, afectando así el mercado de combustibles en varias entidades del país.
Esta multa es una de las más grandes impuestas por la Cofece y refleja la gravedad de las prácticas anticompetitivas detectadas.
La manipulación de precios no solo afecta el bolsillo de los consumidores, sino que también distorsiona el mercado, impidiendo que otras empresas puedan competir en igualdad de condiciones.
#ULTIMAHORA | Cofece multa a 52 gasolineras y directivos con más de 437 millones de pesos por manipulación de precios.
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COMPROMISO DE SALVAGUARDAR LA COMPETENCIA ECONÓMICA
La Cofece ha reiterado su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que atente contra la competencia económica. Este caso subraya la importancia de mantener un mercado libre y competitivo, donde los precios sean determinados por la oferta y la demanda, y no por acuerdos ilegales entre competidores.
Las gasolineras y directivos sancionados tienen la opción de apelar la decisión, pero la Cofece ha dejado claro que continuará con su labor de supervisión para garantizar que se respeten las normas de competencia.
Esta acción es un recordatorio para todas las empresas de la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones que promueven un mercado justo y competitivo.
En conclusión, la multa impuesta por la Cofece a los gasolineros por manipulación de precios es un paso crucial para proteger a los consumidores y asegurar un mercado de combustibles más transparente y competitivo.
La vigilancia constante y las sanciones severas son esenciales para disuadir prácticas anticompetitivas y fomentar un entorno económico saludable.
