La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha manifestado su inconformidad con los recientes ajustes realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En cuestión del procedimiento para resolver una contradicción entre dos instancias judiciales. Estos ajustes han generado un debate significativo en el ámbito legal y financiero de México.
La UIF, dirigida por Pablo Gómez ha expresado que los cambios implementados por la SCJN afectan su capacidad para llevar a cabo investigaciones efectivas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La principal preocupación de la UIF radica en que estos ajustes limitan su facultad para congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa lo cual consideran esencial para prevenir la fuga de capitales y asegurar la integridad del sistema financiero.
RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Por otro lado, la SCJN ha defendido su decisión argumentando que es fundamental proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos qu incluye el derecho a la propiedad y el debido proceso. La Corte ha subrayado que cualquier medida que implique la restricción de estos derechos debe estar respaldada por una orden judicial para evitar abusos de poder y garantizar la transparencia en las investigaciones.
⚖️La SCJN determinó que cuando la UIF realiza el bloqueo financiero de personas bajo el argumento de que se da cumplimiento a una obligación internacional, debe existir una petición expresa de autoridad extranjera para la implementación de la medida. pic.twitter.com/Q8PEpFy2Ih
— Luisiana Ortega (@ArisdeliO) October 10, 2024
Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de combatir el crimen financiero y la obligación de respetar los derechos fundamentales. La UIF sostiene que la rapidez y eficacia en la congelación de cuentas es crucial para desmantelar redes criminales mientras que la SCJN insiste en que el respeto a los procedimientos legales es indispensable para mantener un estado de derecho sólido.
En este contexto, es importante destacar que la reforma que amplió las facultades de la UIF para congelar cuentas sin notificación previa fue una medida controvertida desde su implementación. La SCJN ahora se enfrenta al desafío de equilibrar estas facultades con la protección de los derechos individuales, un equilibrio que será crucial para el futuro de la justicia financiera en México.
