La administración de Irene Olea Torres, expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, se ha convertido en uno de los ejemplos más discutidos y criticados de una gestión fallida en Puebla.
Su mandato ha sido señalado como un modelo de lo que no debe repetirse en la política municipal, especialmente bajo la próxima administración de Alejandro Armenta Mier.
Olea Torres, quien gobernó el municipio con mano dura y acusaciones de prepotencia, terminó su trienio envuelta en un escándalo de corrupción y abandono de responsabilidades que ha dejado una profunda huella en la ciudadanía.
¿DÓNDE RADICA LA POLÉMICA?
Entre los cargos más graves, se le acusa de haber tolerado, e incluso instigado, agresiones contra periodistas y activistas locales. Varios de sus colaboradores se encuentran actualmente detenidos por estos hechos.
Bajo su gestión, el ayuntamiento fue desmantelado, y los recursos públicos saqueados, según denuncias ciudadanas y oficiales.
En particular, la seguridad pública, uno de los temas más sensibles para la comunidad, fue completamente desatendida.
OMITIÓ PAGOS Y AGUINALDOS
Al final de su mandato, la crisis alcanzó su punto álgido cuando decidió no pagar los sueldos ni aguinaldos a los policías municipales, además de dejarlos sin gasolina para patrullar, exponiendo a la población a una situación de indefensión total.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha observado irregularidades en su administración, con una suma no comprobada de al menos 17.6 millones de pesos durante su primer año de gestión.
Entre las anomalías más destacadas se encuentran gastos injustificados en la organización de eventos sociales, reparaciones de vehículos y compras que no fueron debidamente documentadas.
La población expresó su rechazo a la gestión de Olea Torres, quien, a pesar de intentar reelegirse, enfrentó el repudio generalizado, incluso dentro de su propio partido, que la calificó de «impresentable e indefendible».
ESTOS CASOS MERECEN SER ATENDIDOS
Aun así, su caso no es aislado en Puebla, ya que otros municipios también enfrentan problemas de corrupción y mal manejo de recursos por parte de sus alcaldes.
El caso de Irene Olea, sin embargo, se ha convertido en un símbolo de lo que muchos critican como una administración corrupta y negligente.
Diversos sectores han exigido que la exalcaldesa sea llevada ante la justicia, tanto por el desfalco económico como por el abandono de las responsabilidades municipales.
La exigencia de un castigo ejemplar no solo es vista como un acto de justicia, sino también como un mensaje claro para futuros presidentes municipales: la corrupción y el abuso de poder no serán tolerados.
Con información de Arturo Luna Silva para Puebla Online
