El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no se logró un consenso con la empresa Vulcan Materials, debido a una falta de asesoría adecuada en legislación mexicana. A través de un decreto, se establece una nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo.
Esta área, que se extiende por más de 53,000 hectáreas, incluye la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan, situada en Playa del Carmen.
El decreto se apoya en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, que garantiza a cada persona el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, enfatizando el compromiso con la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales en la región.
La creación de la ANP Felipe Carrillo Puerto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 2024 para su consulta pública.
EL ÁREA ABARCADA
Esta área protegida abarca terrenos de los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, y está compuesta por dos polígonos: Felipe Carrillo Puerto, con 53,061 hectáreas, y La Dársena, que cubre 165 hectáreas.
El proyecto se fundamenta en el artículo 7, párrafo tercero de la Constitución, que afirma que «la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público».
Se establece que se adoptarán las medidas necesarias para regular los asentamientos humanos y asegurar el uso adecuado de tierras, aguas y bosques para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
EU PROPONE SANCIONES
Pocas horas antes de la emisión del decreto, senadores de los partidos republicano y demócrata en Estados Unidos presentaron una iniciativa para imponer sanciones en respuesta a esta medida.
Dichas sanciones se activarían si el presidente López Obrador lleva a cabo su advertencia de declarar las tierras de Vulcan Materials como reserva natural.
Además, se solicita la imposición de sanciones contra todas las compañías de buques de carga y pasajeros que operan en la Terminal Marítima de Puerto Venado, desde donde se exportaba la piedra hacia Estados Unidos.
Esta acción tiene como objetivo proteger los intereses de las empresas estadounidenses afectadas por la decisión del gobierno mexicano de conservar esta área en Quintana Roo.
En su conferencia matutina, el presidente mencionó:
«Hicimos todo lo posible para llegar a un acuerdo con los propietarios de la empresa Vulcan. No están bien asesorados; creo que les perjudica tener abogados mexicanos acostumbrados a la corrupción, y piensan que pueden recuperar sus privilegios una vez que ya no estemos nosotros, cuando está en juego la destrucción del territorio»
