En el Senado de la República se avanza con la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Hoy fue aprobada por unanimidad en comisiones unidas y mañana se presentará en primera lectura ante el pleno, esta reforma al artículo segundo de la Constitución salda una deuda centenaria con los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes han sufrido 200 años de exclusión.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández, destacó la importancia de restañar estas heridas abiertas.
La senadora Hernández Mora explicó que se reconoce la identidad cultural, formas de vida, expresiones espirituales y biodiversidad de estos pueblos. Además, se introducen aspectos novedosos como la protección de la propiedad intelectual colectiva y se refuerza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en la toma de decisiones en los procesos de desarrollo integral.
Asimismo, Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que la reforma aborda temas prioritarios para los derechos de los pueblos originarios y promueve una nueva relación entre estos y el Estado mexicano.
El reconocimiento de sus formas internas de gobierno y su papel en la renovación nacional es un paso significativo. El senador de Morena, Alejandro Murat, destacó que la gran propuesta de esta reforma es reconocer a los pueblos y comunidades originarias como sujetos de derecho público, permitiéndoles exigir estos nuevos derechos.
El ex gobernador de Oaxaca, Murat, insistió en que esta reforma representa un salto cuántico, otorgando a estos pueblos el derecho de exigir al Estado mexicano.
La senadora Liz Sánchez García, del PT, resaltó que reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público no es simbólico, sino un reconocimiento de su capacidad para actuar libremente, proteger su cultura, tierras y forma de vida.
DERECHOS GARANTIZADOS
La reforma también establece el derecho a una consulta libre, previa, informada y de buena fe, garantizando que cualquier decisión que impacte a los pueblos indígenas y afromexicanos sea tomada con su consentimiento y participación activa.
Con más de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas y una vasta población afromexicana, México no puede ignorar las voces de quienes han sido guardianes de nuestra tierra, lenguas y costumbres.
