Por José García Sánchez
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Cuando algunos gobernadores de Estados Unidos, como Greg Abbott, insisten en que debe calificarse a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, para que la CIA absorba un mayor presupuesto y la DEA y el FBI rindan pleitesía a esta agencia que no depende directamente del gobierno de la Casa Blanca, los banqueros del otro lado de la frontera rezan para que no suceda porque se quedarían sin ingresos importantes por lavado de dinero.
La propuesta hecha a Joe Biden tenía como objetivo final preparar una andanada militar contra México, con el pretexto de combatir el narcotráfico y así asustar a los migrantes que intentaran llegar por Texas a la pesadilla norteamericana.
En México, los cambios estructurales no sólo hacen historia sino que sirven de inspiración a otras naciones para realizar transformaciones similares, por lo que en el contexto de América Latina la ley sería más justa si se considerara a los golpistas terroristas, quienes en esta parte del continente tienen complicidades en varios países que van desde Estados Unidos hasta España, como sucede exactamente con los terroristas. Varios países han nutrido financieramente a asociaciones mexicanas evidentemente golpistas
La comunidad internacional suele imponer criterios políticos desde fuera sin conocer a fondo la problemática de los países que agreden, principalmente si no mantienen un ritmo ascendente económico basado en la dependencia y la corrupción, por eso los estadounidenses no quieren la reforma al Poder Judicial. Pero la fuerza de la dignidad de América Latina y su historia no es la economía sino la política, de la cual han aprendido hasta los países desarrollados. Un ejemplo es la transformación del Poder Judicial en Estados Unidos.
El daño que han hecho a los derechos humanos de los hombres y mujeres latinoamericanos es superior a las agresiones violentas de los terroristas en el mundo entero. No habría razón para que quienes intervengan en los golpes de Estado, no sean catalogados como tales, enemigos confesos de las leyes y los gobiernos democráticos sean investigados, perseguidos y sancionados como terroristas.
En las leyes del mundo, no hay lugar para los castigos a los golpistas; el contrario, hay estímulos para que se multipliquen y México no está exento de este grave problema, ahora más que nunca, con Poder Judicial añejo, herido de muerte; medios aullando por un subsidio inmerecidos, analistas políticos exigiendo “apapacho”, una derecha agonizante y un empresariado resentido porque debe pagar impuestos.
La impunidad campea en México en los segmentos de la población ansiosos por recuperar sus privilegios y juegan tanto dentro de la ley como fuera de ella sin que haya justicia que los sancione, los jueces se dicen perseguidos políticos, los medios y sus escribanos se dicen víctimas de la libertad de expresión coartada, los empresarios lloran al decir que se atenta contra la propiedad privada.
Todos ellos juegan un doble papel para que, ante cualquier intento de sancionarlos, acudan a las instancias del extranjero para que den vuelo a la información de represión. En este caso las instancias fuera del país, que deben procurar la paz y fortalecer la democracia, impulsan las intervenciones militares y subsidian la caída de presidentes elegidos mayoritariamente en las urnas por la población.
Quienes ahora denuncian represión en foros internacionales, desde Norma Pina hasta legisladores panistas, quienes en su momento fueron parte de la represión contra el pueblo mexicano. Lo sabe la ONU, la OEA, USAID, NED, desde el vecino del norte, y en el país, la fundación de Alejandro Martí, Valentín Díaz Morodo y Antonio del Valle.
Más de un golpista en América Latina ha ordenado asesinatos. Los inconformes con los resultados electorales han orquestado homicidios contra su propia gente para culpar a los que quiere destituir por la mala. Esto es terrorismo.
