Por Fadlala Akabani Hneide
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Tras un largo proceso de socialización del contenido de la reforma judicial (presentada por el Poder Ejecutivo desde febrero pasado), los actores políticos implicados tuvieron tiempo y espacios para conocer y proponer mejoras a la iniciativa, pero veían el plan C como algo imposible y no le dieron la importancia que requería. Sin embargo, en los últimos días, ante la inminencia de la aprobación de la reforma, la oposición y sus grupos de choque han llegado al límite, imposibilitando el trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados e irrumpiendo en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, tomando el recinto de forma violenta, vandalizando instalaciones, agrediendo trabajadores y poniendo en riesgo la seguridad de las y los legisladores.
Jugando un deleznable papel, medios de comunicación del viejo régimen tergiversaron imágenes de expresiones juveniles a favor de la reforma presentándolas como manifestaciones en contra, calificando de autoritarismo al poder de una mayoría democrática. No hubo condenas al llamado de una senadora panista por Aguascalientes, a golpear y linchar a las y los diputados y senadores que han votado a favor de la reforma.
En las largas sesiones que comprendió el debate, los legisladores de la oposición quedaron exhibidos como mentirosos, al sostener atroces versiones de supuestas detenciones, pero también quedó al descubierto su soberbia y su pereza, pues en el discurrir del debate fue quedando claro que no habían siquiera leído la iniciativa de tan sólo 44 páginas.
Una vergüenza, tanto para sus votantes como para quienes no les han apoyado, pues fueron incapaces de mantener las formas y de ir al fondo, de dar un debate de altura al cual se habían comprometido.
Allende, esa lamentable y patética exhibición de las y los senadores de la oposición, debemos centrarnos en el contenido real de la reforma, de sus alcances, implicaciones y limitaciones. La reforma judicial persigue objetivos claros, como la austeridad y la eficiencia, la legitimidad democrática de los impartidores de justicia, así como el acceso indiscriminado a la misma, de forma expedita y con una auténtica garantía del equilibrio entre Poderes. Para instrumentar esos objetivos, la iniciativa contempla una nueva integración del máximo tribunal, la Suprema Corte, reduciendo el número de ministros de 11 a nueve. No sólo habrá reducción en el número de integrantes de cada sala judicial del país, sino también la reducción del plazo de sus responsabilidades, que se recortará en tres años, pasando de 15 a 12.
Asimismo, las sesiones del pleno de la Suprema Corte deberán ser públicas, pues conviene tener el ojo público de las deliberaciones y decisiones ahí asumidas. Como parte del Estado mexicano y en pleno respeto a las decisiones político-electorales asumidas por el soberano, el pueblo de México, la Suprema Corte, así como todos y cada de uno de los integrantes del Poder Judicial (existentes o por ser creados) deberán ajustarse al texto constitucional, que en su artículo 127, establece que ningún funcionario puede recibir mayor remuneración que la asignada al Presidente de la República.
Como un acto de justicia ante el infame desfalco al erario que alimentó la corrupción neoliberal, la reforma acaba con todas las pensiones vitalicias (y figuras jurídicas de jubilación) y el haber de retiro para actuales y futuros ministros. Es ése el verdadero dolor detrás de lo que en medios y cualquier espacio falsamente atribuyen a su supuesta defensa de la libertad y la democracia; nada de eso, sólo defienden su acceso a remuneraciones corruptas y fuera de toda proporción de la realidad del pueblo de México.
Para emanar y representar legítimamente al noble y heroico pueblo de México, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre directa y secreta. El Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, los Poderes de la Unión establecerán mecanismos públicos que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos, que de forma general comprenden contar el título universitario que los acredite como licenciados en derecho, promedio general de 8 y cinco años de experiencia laboral en la materia.
Como sucede en las elecciones de los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, el INE será el encargado de organizar y computar la elección y el Tribunal Electoral de resolver impugnaciones y dar validez legal a los comicios. La reforma también contempla la agilización en el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, justicia expedita, y nuevas reglas procesales. Se establecen plazos máximos de seis meses para dar cauce a asuntos fiscales y un año en procedimientos penales.
No tengamos miedo y sigamos adelante, pues México será un país con mayor certidumbre jurídica para la inversión extranjera, pero será también un país con justicia austera y accesible para todas y todos; un poder emanado del pueblo, comprometido con los intereses de la nación y sin complicidades políticas ni económicas.
