La reforma al Poder Judicial de México ha sido oficialmente aprobada tras obtener el respaldo necesario en 18 congresos estatales, completando así el proceso legislativo requerido para su promulgación.
Apenas 24 horas después de su aprobación en el Senado de la República, los congresos locales comenzaron a dar su aval a la iniciativa que modifica profundamente la estructura del Poder Judicial del país.
De acuerdo con la Constitución, una vez aprobada por mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, la reforma necesitaba el respaldo de al menos 17 legislaturas estatales para convertirse en ley.
Con la aprobación de 18 congresos, el Ejecutivo federal puede proceder a su promulgación.
Los primeros en aprobar la reforma
El Congreso de Oaxaca fue el primero en avalar la reforma en una sesión extraordinaria, donde la votación fue unánime.
En Colima, la reforma se aprobó con 18 votos a favor y cinco en contra, en medio de manifestaciones de protesta.
De igual manera, los congresos de Tabasco, Veracruz, y Quintana Roo dieron su aprobación en las primeras horas posteriores al aval en el Senado.
Sesiones extraordinarias y protestas
En varios estados, la aprobación de la reforma fue acompañada de manifestaciones y sesiones extraordinarias.
En Baja California Sur, se realizaron protestas antes de que la reforma fuera aprobada con 19 votos a favor.
En Nayarit, las instalaciones del Congreso fueron tomadas por manifestantes, obligando a los legisladores a sesionar de manera virtual para aprobar la reforma con 24 votos a favor.
Otros congresos que aprobaron la reforma incluyen Baja California, Puebla, Sinaloa, Campeche, Tlaxcala, Morelos, Tamaulipas, Guerrero y Zacatecas, con variaciones en los márgenes de votación.
Los cambios que trae la reforma
La reforma judicial implica modificaciones significativas en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de México.
Entre los cambios más relevantes, se establece que los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular.
Además, se reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, y se acorta su periodo de encargo de 15 a 12 años.
La implementación de la reforma deberá estar concluida para las elecciones de 2027, lo que marcará un hito en el sistema judicial del país.
Con estos cambios, la reforma busca transformar el Poder Judicial y acercarlo más a la ciudadanía, aunque ha generado intensos debates y controversias en varios sectores.
