El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, ha anunciado la publicación de una reforma judicial que busca incluir una “perspectiva social” en el acceso a la justicia.
Esta reforma prioriza a los ciudadanos con alguna “desventaja social”, como aquellos en situación económica precaria, marginación o pertenecientes a comunidades indígenas.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres destacó la existencia de una estructura socialmente desigual en el ámbito de la justicia. Señaló que, a menudo, quienes tienen recursos económicos pueden evitar la cárcel, mientras que los más pobres no tienen esa posibilidad.
Con esta reforma se refuerzan y actualizan los principios que deben regir la función jurisdiccional en la Ciudad de México, garantizando el acceso a la justicia para personas y grupos en desventaja social, afirmó Batres.
IGUALDAD ANTE LA LEY
El jefe de Gobierno subrayó que la reforma supera la visión de la “igualdad formal ante la ley”, la cual considera insuficiente para reconocer las desigualdades reales en la sociedad.
Es crucial que las personas juzgadoras detecten las condiciones en las que ocurren los hechos y consideren la vulnerabilidad y desventaja de quienes acuden al sistema de justicia, añadió.
La Constitución de la Ciudad de México ya reconocía el principio de “justicia social” en algunos apartados, pero no lo vinculaba a la función jurisdiccional. Esta reforma, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, modifica el artículo 35 del Poder Judicial, apartado A, añadiendo un párrafo que establece:
En la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, así como los fines de la justicia social. Se garantizará la tutela efectiva de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social, sin dilaciones indebidas.
