El Gobierno de la Ciudad de México ha publicado en la Gaceta Oficial las reformas a la Ley de Vivienda, con el objetivo de frenar el aumento de las rentas.
Una semana después de ser aprobadas por el Congreso local, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda. Estas reformas buscan frenar el incremento de las rentas de vivienda en la capital.
Martí Batres, jefe de Gobierno, afirmó que estas reformas representan un acto de justicia social, destinado a poner fin a los abusos en el arrendamiento. Además, destacó que las reformas podrían reducir la brecha entre la inflación y el aumento de las rentas.
NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA
Según Batres, estas reformas sentarán las bases para una nueva política de vivienda, que incluirá la construcción masiva de vivienda pública a bajo costo. La próxima administración tendrá la responsabilidad de cumplir con la construcción de viviendas para grupos prioritarios.
El cumplimiento de esta reforma implica una tarea fundamental para la próxima administración: la construcción masiva de vivienda para las familias de clases populares. Es importante señalar que las políticas anunciadas hoy se seguirán implementando en la próxima administración, ya que están en el programa del próximo gobierno.
MODIFICACIONES A LA REFORMA
Las reformas aprobadas modifican el artículo 2448 D del Código Civil. Según el documento, el aumento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior.
El artículo 2448 F establece la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, a cargo del Gobierno capitalino. Los arrendadores deberán registrar sus contratos dentro de los 30 días posteriores a su celebración.
Este registro estará regido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Los datos solo podrán hacerse públicos bajo resolución judicial y se castigará a quienes hagan un mal uso de este registro o no protejan adecuadamente los datos personales.
