El presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que publique en las plataformas oficiales del Gobierno de México toda la información relacionada con las irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ocurridas entre 2019 y 2020.
Durante la conferencia matutina de hoy, las autoridades dieron a conocer los avances en la investigación, la recuperación de fondos y las denuncias contra los involucrados.
“Vamos a estar informando; todavía antes de irnos vamos a informar. Si no lo hacemos aquí, lo hace la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex para que esto quede totalmente aclarado porque dijimos: ‘cero corrupción, cero impunidad’ y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó. Ni corrupción ni impunidad”, subrayó.
Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública (SFP), detalló que diversas auditorías a las cuentas públicas de 2019 y 2020 detectaron actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex identificaron indicios de un posible daño patrimonial de 9 mil 500 millones de pesos.
Se realizó una continua recopilación y presentación de documentos justificativos del gasto dispersos en oficinas a nivel nacional.
De los 9 mil 500 millones de pesos, se han aclarado y recuperado 4 mil 700 millones, lo que representa aproximadamente el 50% del total.
2 mil 100 millones, es decir, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación por parte de las autoridades fiscales, mientras que 2 mil 700 millones, el 28%, no se aclararon durante la fiscalización, quedando como monto de daño patrimonial al erario público.
En consecuencia, se han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, los expedientes fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para imponer sanciones por las graves faltas administrativas.
Como resultado de las investigaciones, también se recuperaron 955 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles, y se han presentado denuncias penales relacionadas con este hecho.
