Por Aldo San Pedro
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En la entrega anterior, se comentaron las características esenciales de una Reforma Administrativa Burocrática en la Administración Pública Federal. La reforma tiene como objetivo transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, haciéndola más sencilla, accesible y eficiente; además, busca fomentar el alto rendimiento, la innovación, la flexibilidad y la actualización constante de las instituciones públicas. Por lo tanto, se espera que estas mejoras eleven la percepción del gobierno, promuevan el cumplimiento normativo y generen ahorros significativos. Así, se facilitaría a la doctora Claudia Sheinbaum la disminución de la polarización actual, integrando a la sociedad civil, la academia y el sector empresarial en un proyecto nacional de beneficio común. Esta reforma podría ser el impulso necesario para encaminar a México hacia un desarrollo que lo posicione como un país de primer mundo.
Para comprender el modelo actual de la Administración Pública Federal y las implicaciones históricas de las reformas administrativas, es esencial considerar la Ley sobre Planeación General de la República y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Promulgadas en 1930 y 1934, respectivamente, estas leyes establecieron las bases para una administración más coordinada, eficiente y centralizada en México. La Ley sobre Planeación General formalizó la planificación a largo plazo para el desarrollo económico y social, asegurando la coherencia de las políticas públicas. En cambio, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado reorganizó el poder ejecutivo, clarificando las funciones y competencias de las dependencias federales, lo que resultó en una mayor eficiencia administrativa y una mejor implementación de políticas. Estos marcos legales constituyen los antecedentes más significativos del modelo administrativo actual, ya que establecieron las bases para un Estado capaz de responder de manera ordenada y sistemática a las complejas necesidades del país.
La propuesta de Reforma Administrativa Burocrática sería histórica, pues implicaría una revisión, análisis y adecuación exhaustiva de todo el marco normativo del Gobierno Federal. Una vez implementada y evaluada, la reforma podría servir como modelo para los gobiernos estatales y municipales, así como para los poderes Legislativo y Judicial, respetando su autonomía y buscando una reforma integral que promueva la comunicación y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y poderes de la Unión.
Además, la reforma pretende eliminar trabas y obstáculos que generan sobrerregulación y duplicidad de requisitos, simplificando la relación entre el Estado y la ciudadanía. Se enfocará en las personas, priorizando su experiencia en los procesos administrativos. También otorgará mayor autonomía de gestión a las instituciones de la Administración Pública Federal. Este cambio podría tener un impacto similar al de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976, que reorganizó el Poder Ejecutivo, estableció nuevas secretarías, distribuyó competencias y profesionalizó a los servidores públicos.
Para llevar a cabo una reforma de esta magnitud, se debe plantear de manera general y luego avanzar hacia lo particular, comenzando el análisis desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes derivadas de ella: orgánicas, secundarias, códigos, reglamentos, normas, disposiciones administrativas, decretos, acuerdos, jurisprudencias, circulares, lineamientos y manuales que regulan el funcionamiento del gobierno. Esta reforma comenzaría con un diagnóstico y planificación detallada, estableciendo un comité interdisciplinario de expertos en diversas áreas para coordinar y supervisar todo el proceso.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) sería el punto de partida para las actividades de este comité, debido a su función legal de coordinar, supervisar y evaluar las políticas de mejora regulatoria en las diferentes dependencias del Gobierno Federal. Adicionalmente, se contaría con la participación de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Diario Oficial de la Federación, todos alineados para garantizar que esta reforma sea efectiva, transparente y coherente con los objetivos de mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Federal.
En la primera fase, se elaborará un inventario normativo para identificar redundancias y normas obsoletas que puedan consolidarse. Se realizarán consultas públicas para involucrar a la ciudadanía, empresas y expertos en la identificación de obstáculos burocráticos y la simplificación de procesos. Los objetivos estarán claramente definidos, priorizando áreas de mayor impacto para la eficiencia gubernamental y ciudadana. En una segunda fase, se diseñará la reforma, unificando y simplificando normativas, agrupando leyes y reglamentos para identificar similitudes y eliminar redundancias. Se establecerá un mecanismo para la autorregulación, la actualización continua y la innovación en el marco normativo, simplificando el cumplimiento de procesos según factores como ubicación geográfica, situación económica y social, o incumplimiento por parte de los sujetos obligados. Las leyes dejarán de ser documentos rígidos para adaptarse automáticamente a las circunstancias, convirtiéndose en instrumentos innovadores y flexibles. Esto garantizará la integridad, responsabilidad, transparencia y eficiencia de los entes públicos, promoviendo la rendición de cuentas.
Una vez discutida y aprobada por el Congreso, la reforma se implementará gradualmente en las áreas prioritarias, asegurando una transición correcta y ordenada. Se establecerán mecanismos de monitoreo y evaluación de las nuevas leyes y reglamentos para identificar mejoras y ajustes necesarios durante su implementación. Esto posicionará a México a la vanguardia y transformará la cultura de comunicación entre la ciudadanía y las entidades de la Administración Pública Federal. Se desarrollarán campañas de comunicación para informar a la ciudadanía sobre los beneficios de la reforma y fomentar su participación activa. Finalmente, un grupo interdisciplinario dependiente del comité de expertos dará seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados, asegurando que la reforma funcione y realizando ajustes según sea necesario, brindando tranquilidad a la ciudadanía de que las acciones realizadas cumplirán con las expectativas y generarán beneficios significativos.
Además de los beneficios mencionados, esta reforma permitiría la creación de nuevos programas sociales, cuyo costo para el Estado mexicano sería prácticamente nulo, gracias a la sistematización e interconexión de la información. Lo que facilitaría la realización de trámites gratuitos para solicitar actas de nacimiento, matrimonio y otros documentos, sin necesidad de la intervención de un servidor público o infraestructura adicional, reduciendo así los costos para el Gobierno Federal. Esta medida permitiría desarrollar programas sociales de trámites para personas de la tercera edad o en situación vulnerable.
La gran Reforma Administrativa Burocrática podría consolidar a la doctora Claudia Sheinbaum como una líder transformadora que devolvió el poder de las instituciones a la ciudadanía, con una visión de ciencia e innovación. Esto recuerda las palabras de Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg en 1863: «El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no perecerá de la Tierra«.
