Diputados detallan dictamen de la reforma al Poder Judicial

La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación introduce un sistema de órganos evaluadores y evaluaciones dobles, aplicables a todas las jerarquías judiciales.

 

Esta iniciativa busca renovar los procesos de selección y desempeño dentro de la Judicatura, asegurando un estándar más alto de integridad y competencia. Según Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma contempla la creación de órganos evaluadores encargados de seleccionar a los miembros del Poder Judicial.

 

Además, se implementarán evaluaciones dobles en todos los niveles del Consejo de la Judicatura Federal y estatal, garantizando una supervisión exhaustiva y continua.

 

Con más de 100 modificaciones a la propuesta original del Ejecutivo Federal, la reforma destaca por la instauración de tres nuevos órganos de evaluación, uno por cada poder estatal. Estos órganos tendrán la tarea de revisar minuciosamente los perfiles de los aspirantes, conformando una lista amplia y diversa de candidatos cualificados.

 

Una previa a su participación, aplicable a aquellos que no ocupan cargos de jueces, magistrados o ministros, y una posterior, durante su primer año de ejercicio. El tribunal disciplinario tendrá la responsabilidad de sancionar, revisar y capacitar a los candidatos, asegurando su cumplimiento con los estándares requeridos.

 

La selección de los miembros del Poder Judicial se realizará de manera gradual, con una elección extraordinaria programada para el primer domingo de junio de 2025. En este año, se renovará la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo su número de 11 a 9, y se elegirá al 50% de los magistrados, además de cubrir todas las vacantes y retiros anticipados de jueces.

 

Esta reforma, de ser aprobada, significará un avance importante en la forma en que se eligen y evalúan los integrantes del Poder Judicial en México. Su finalidad es reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza del público en el sistema de justicia.

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