El empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz no podrá ser privado de su libertad y deberá quedar a disposición del juez especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México.
Un juez federal le concedió la suspensión definitiva contra la orden de reaprehensión emitida el 31 de octubre de 2019 por un juez de ejecución de sanciones de la Ciudad de México.
No será privado de su libertad.
De esta manera, Ahumada no será encarcelado y deberá presentarse ante el juez especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales 2, en el Reclusorio Norte, para continuar con el procedimiento penal en su contra, el cual no se puede suspender.
El empresario fue sentenciado a cinco años de prisión por fraude genérico en perjuicio del entonces Gobierno del Distrito Federal.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca que Ahumada cumpla en prisión los casi dos años restantes de su pena.
El 21 de agosto deberá comparecer.
Aunque deberá comparecer ante los jueces que emitieron la orden de reaprehensión el próximo 21 de agosto, esta no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida, informó el juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales.
El juez determinó que Ahumada deberá presentarse ante el juez cada vez que sea requerido para continuar el proceso penal derivado de la orden de reaprehensión.
Asimismo, el juez de amparo impuso a Ahumada el pago de una garantía económica de un millón de pesos en un plazo de cinco días a partir de la notificación.
Esta cantidad equivale al 5% de los 20 millones de pesos que se le solicitan por reparación del daño por el fraude genérico cometido contra el gobierno capitalino.
«Una vez transcurridos los cinco días concedidos para exhibir la garantía económica, se informará a las autoridades si cumplió con este requisito. De no haberlo verificado, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y las autoridades podrán ejecutar la orden reclamada», señaló el juez.