En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron los decretos que ponen en vigor las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía, aprobadas por el Congreso en abril.
La reforma a la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en abril, permite que el titular del Poder Ejecutivo otorgue amnistía a quienes proporcionen información verificable sobre casos relevantes para el Estado mexicano.
Esta iniciativa amplía las facultades del presidente de la República para liberar directamente a reclusos, incluso si ya han sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos.
Publican en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía y la Ley de Amparo pic.twitter.com/n8ZwK49I8T
— adn40 (@adn40) June 15, 2024
El presidente López Obrador destacó en una conferencia de prensa que esta reforma podría contribuir a resolver casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por otra parte, la reforma a la Ley de Amparo elimina la facultad excepcional de los jueces mexicanos para conceder suspensiones generales a normas que puedan tener repercusiones sociales.
Además, establece que en juicios de amparo contra la inconstitucionalidad de normas generales, las suspensiones dictadas no tendrán efectos generales en ningún caso.
Esto restringe a los jueces a conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales en amparos contra leyes emitidas por el Congreso mexicano o congresos estatales.
El dictamen aprobado resalta que esta medida busca garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
Asimismo, subraya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra actos emitidos en el ejercicio del poder, pero no debe utilizarse para limitar la actuación de un poder constituido en detrimento de otro.
Estas reformas se presentan tras diversas controversias en las que el Poder Judicial ha frenado políticas del presidente AMLO, considerándolas violatorias de derechos humanos y competencia económica, como en el caso de la reforma energética, que generó una gran cantidad de amparos en tribunales de todo el país.
