En el marco del día contra el trabajo infantil, en México más de 2 millones de menores enfrentan trabajos peligrosos que amenazan su integridad. La falta de educación agrava su situación, perpetuando un ciclo de pobreza y vulnerabilidad.
En la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil este 12 de junio, México enfrenta un desafío creciente. A pesar de los esfuerzos previos que lograron reducir la cifra a 2.5 millones, el número de menores en situación de trabajo infantil ha ascendido a 3.7 millones en 2022, según datos del INEGI.
Más alarmante aún es que más de 2 millones de estos menores están involucrados en ocupaciones peligrosas, prohibidas para menores de 15 años, y que comprometen su salud y seguridad.
La educación, un derecho fundamental, se ve negada para casi la mitad de estos niños y adolescentes, como señala Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM. La situación es aún más crítica en el sector agrícola, donde se estima que alrededor de 700 mil menores trabajan, muchos sin recibir remuneración alguna.
UN RETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Margarita Nemecio, socióloga rural y miembro de la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas, destaca la vulnerabilidad de estos menores, privados de servicios médicos esenciales, especialmente en sus primeros años de vida. La exposición a agroquímicos y otras sustancias nocivas es una realidad cotidiana que pone en riesgo su bienestar.
La brecha educativa se amplía debido a la falta de infraestructura adecuada y a un enfoque intercultural que respete los derechos de la infancia. Muchos son excluidos por su condición migratoria, su pertenencia a pueblos originarios o la falta de documentación oficial.
Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba y especialista en Trabajo Infantil, concuerda en que, sin educación, el ciclo de pobreza persistirá. Un tercio de los menores trabajadores se concentra en el sector agropecuario, donde la falta de acceso a la educación es una barrera para su desarrollo.
Furtado enfatiza la necesidad de un sistema educativo inclusivo que alcance a todos los sectores sociales y reconozca la movilidad de las familias trabajadoras. La ausencia de mecanismos para validar estudios y garantizar trabajos seguros para los menores es un obstáculo significativo que requiere atención urgente.
